A ocho días del paro nacional del 22 de septiembre convocado por la Conaie contra la eliminación del subsidio al diésel, las movilizaciones han dejado violencia y daños en varias zonas del país, con un comunero fallecido, decenas de uniformados lesionados y militares retenidos.

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Ante esta situación, las autoridades han desplegado operativos de control, decretado estados de excepción y activado protocolos de investigación con el objetivo de identificar a los responsables y garantizar la seguridad ciudadana en las zonas más afectadas.

Cifras y zonas afectadas durante el paro

Desde que comenzaron las protestas, vías esenciales en la Sierra y la Amazonía han sido bloqueadas, afectando el suministro de alimentos y combustible en Pichincha, Imbabura, Cotopaxi y Chimborazo. Inicialmente pacíficas, las manifestaciones derivaron en enfrentamientos entre campesinos, policías y militares a mitad de semana.

Según el Gobierno, durante la madrugada del domingo 28 de septiembre, un convoy de ayuda escoltado por militares fue emboscado en Cotacachi (Imbabura), generando un momento crítico en las protestas.

Balance de afectaciones

Hasta el momento, las cifras oficiales reflejan el impacto de las movilizaciones: 

• Un manifestante indígena fallecido.
• 12 militares con contusiones y fracturas leves.
• Al menos 48 personas heridas entre civiles y uniformados.
• 17 militares retenidos por manifestantes. 
• 8 provincias mantienen estado de excepción.
• 5 provincias tienen toque de queda vigente.

Mientras la Conaie denuncia el uso excesivo de la fuerza y apunta a infiltrados con “tácticas guerrilleras”, el Gobierno acusa a grupos violentos de secuestrar la protesta con el fin de desestabilizar al país, evidenciando la polarización en torno a los eventos del paro.

Detalles del incidente en Cotacachi

Manifestantes emboscaron a un convoy del Ejército que trasladaba víveres y combustible a comunidades aisladas en el kilómetro 12 de la vía hacia Cotacachi, según el Ministerio de Defensa. Efraín Fuerez, comunero de 46 años de Ingatzala (Cuicocha), murió tras recibir tres impactos de bala, mientras que los 12 militares lesionados fueron trasladados al Hospital Militar de Ibarra y se encuentran estables.

La emboscada fue considerada por el Ejecutivo como un “acto terrorista”, atribuyendo la infiltración de la movilización indígena a grupos radicalizados con objetivos delictivos. La retención de militares, añade el comunicado, transgrede los límites de una protesta pacífica y afecta derechos fundamentales.

Retención de militares y exigencias de los manifestantes

Tras la emboscada, manifestantes de Cotacachi mantuvieron retenidos a 17 militares, demandando la liberación de detenidos en otras movilizaciones y la garantía de que no se disparará contra civiles. Los uniformados permanecen vigilados en una casona comunal por líderes indígenas, hasta que se abra un canal de diálogo con el Ejecutivo.

Zaida Rovira, ministra de Gobierno, exigió que se liberen de inmediato los uniformados retenidos y señaló que las detenciones ilegales serán tratadas como secuestro, con consecuencias penales severas. La Fiscalía abrió una indagación previa para determinar quiénes ordenaron o ejecutaron la retención.

Investigación y próximos pasos

Con el fin de levantar indicios, la Fiscalía desplazó a Cotacachi a peritos de su Unidad Especializada en Investigación del Uso Ilegítimo de la Fuerza, aplicando protocolos internacionales en casos que involucran a militares y civiles.

La Policía y el Ejército avanzan en operativos para desbloquear rutas, mientras el Gobierno asegura la distribución de alimentos y combustibles por vías alternas. El presidente Daniel Noboa sostiene que no revertirá la eliminación del subsidio al diésel, pero está dispuesto a dialogar con los liderazgos indígenas si se detiene la violencia.

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