Editorial: ¿Quién detiene los centros del terror?
Las adicciones son un problema de salud pública que debe ser tratado con urgencia y seriedad por parte de las autoridades
Referencial. La crisis de las adicciones exige atención urgente y medidas efectivas por parte de las autoridades.
Aprovecharse de la desesperación de las personas con problemas de adicción y del sufrimiento de sus familiares para sacarles todo el dinero posible, bajo la promesa de una supuesta recuperación en centros de rehabilitación clandestinos, es una historia que se repite como una película macabra en distintas ciudades. Y lo peor es que no se avizoran soluciones claras, mientras el consumo de drogas sigue creciendo.
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El último caso, la clausura de un centro ‘trucho’ para adictos en Yaruquí, nororiente de Quito, tras la denuncia y la muerte de un interno, volvió a dejar en evidencia la escasa efectividad de los organismos de control.
En estos lugares, que incluso llegan a acoger a menores de edad, los internos muchas veces son víctimas de maltratos, abusos y viven en condiciones de hacinamiento e insalubridad.
Las adicciones son un problema de salud pública que debe ser tratado con urgencia y seriedad por parte de las autoridades. Las calles del país no pueden seguir llenándose de drogodependientes que terminan mezclándose con personas en situación de calle, mientras proliferan centros que operan al margen de la ley.
Cerrar un centro clandestino después de una tragedia no es solución. La pregunta es cuántos más funcionan en silencio y cuántas vidas más deberán perderse para que se actúe con firmeza.