Tras 23 días de movilizaciones, bloqueos y enfrentamientos, la provincia de Imbabura retomará sus actividades. La decisión se dio la noche del miércoles 15 de octubre, luego de una extensa reunión entre dirigentes indígenas locales y representantes del Gobierno Nacional.

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Los acuerdos alcanzados fueron suficientes para levantar las medidas de hecho, aunque las comunidades advirtieron que se mantendrán en “asamblea permanente” para vigilar su cumplimiento.

Mesas técnicas territoriales

El punto central del acuerdo es la instalación de mesas técnicas territoriales. A través de estas instancias, el Ejecutivo y las comunidades buscarán atender problemas estructurales de la provincia: falta de agua potable en zonas rurales, deterioro vial, déficit en servicios de salud y educación.

Estas mesas se activarán de inmediato y contarán con delegados de los ministerios competentes y de las organizaciones sociales.

Congelamiento del precio del diésel

Otro de los compromisos anunciados fue mantener congelado el precio del diésel, medida que responde a uno de los reclamos que detonaron la movilización nacional. La dirigencia indígena consideró este punto un “paso importante”, aunque insistió en seguir discutiendo el impacto económico que tendría la eliminación del subsidio.

Traslado de los detenidos

Durante el paro, 12 personas fueron detenidas tras el asalto al cuartel de Otavalo. Como parte de los acuerdos, el Gobierno dispuso su traslado desde la cárcel de Portoviejo hacia Ibarra, para que puedan permanecer cerca de sus familias y facilitar su defensa legal.

Libre circulación y levantamiento de bloqueos

Las organizaciones sociales aceptaron levantar los bloqueos en la Panamericana Norte y otras vías de acceso a la provincia. Con esto, se normaliza el paso de combustibles, alimentos y otros insumos que permanecían represados.

También se permitirá la libre movilidad hacia zonas urbanas y rurales mientras avanzan las mesas de diálogo.

Compromisos en seguimiento

Aunque el levantamiento del paro fue confirmado, no todas las comunidades participaron en la firma. Dirigentes del pueblo Karanki se retiraron de las conversaciones y la CONAIE no estuvo presente.

Los dirigentes provinciales advirtieron que el cumplimiento de los acuerdos será vigilado desde las comunidades. Si el Gobierno incumple, podrían retomarse las medidas de presión.

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