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Paro nacional Ecuador | ¿Qué está pasando en Otavalo? Actualización 23 de septiembre
Los disturbios en el Comando de Policía, más de 20 detenidos, la paralización del comercio y la dimisión de Efraín Amaguaña marcaron el día
El paro nacional convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) contra la eliminación del subsidio al diésel tuvo en Otavalo, provincia de Imbabura, uno de sus focos más tensos. Desde la madrugada del 23 de septiembre de 2025, grupos de manifestantes bloquearon varios tramos de la carretera Panamericana Norte (E35), obstaculizando la circulación de vehículos y generando embotellamientos que rápidamente derivaron en altercados con la fuerza pública.
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Las tensiones se intensificaron cuando los manifestantes se enfrentaron a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas en distintos puntos de la ciudad. Lo que empezó como bloqueos de vías terminó convirtiéndose en un escenario de violencia y represión que dejó un saldo de más de 20 detenidos, incluidos dos ciudadanos extranjeros.
Disturbios y daños en la Policía de Otavalo
Uno de los momentos más críticos de la jornada ocurrió en el Comando de Policía de Otavalo, donde se registraron enfrentamientos que derivaron en graves daños materiales. Motocicletas, patrulleros, autos particulares e incluso las instalaciones policiales sufrieron destrozos en medio de los choques con los manifestantes.

La violencia desatada puso en alerta a las autoridades locales y generó un clima de temor entre los habitantes, quienes prefirieron no salir de sus casas durante gran parte del día.
Una ciudad completamente paralizada
Otavalo, reconocida como un polo turístico y cultural del norte del país, vivió un cierre total. Locales comerciales, restaurantes, mercados y la emblemática Plaza de los Ponchos permanecieron cerrados, mostrando calles vacías y un silencio inusual en una ciudad que habitualmente recibe visitantes nacionales e internacionales.
Comerciantes señalaron que optaron por no abrir sus negocios por miedo a represalias. Algunos recibieron advertencias de que, si atendían al público, sus locales podrían ser atacados o los vidrios de sus vitrinas destruidos. Esto no solo afectó a las ventas de la jornada, sino que incrementó la sensación de vulnerabilidad entre la población.
La renuncia del gobernador de Imbabura

En medio de la crisis, el gobernador de Imbabura, Luis Efraín Amaguaña, presentó su renuncia irrevocable al cargo, apenas cuatro días después de haber sido designado mediante el decreto ejecutivo Nº 145 del presidente Daniel Noboa.
Amaguaña explicó que tomó la decisión para proteger la seguridad de su familia y porque no estaba dispuesto a ser parte de un escenario político que normaliza la violencia y el vandalismo. “No comparto el manejo político que se ha dado a esta situación”, señaló en su carta pública.
Su salida deja a la provincia sin la principal autoridad del Ejecutivo en medio de la crisis, lo que agrava la incertidumbre política y administrativa.
Contexto histórico y político de Otavalo en las protestas
Otavalo no es un escenario nuevo de movilizaciones. Desde décadas atrás, esta ciudad ha sido símbolo de la resistencia indígena y popular en Ecuador. La presencia de comunidades organizadas, su peso cultural y su conexión con movimientos nacionales hacen que, en cada paro o protesta, la ciudad se convierta en un referente de lucha social.
El actual paro nacional revive la memoria de las movilizaciones de octubre de 2019, cuando también se produjeron enfrentamientos en distintos puntos del país contra las medidas económicas del entonces presidente Lenín Moreno. Hoy, bajo el mandato de Daniel Noboa, el conflicto vuelve a evidenciar la compleja relación entre el Ejecutivo y el movimiento indígena, que mantiene un rol protagónico en la vida política ecuatoriana.
El desafío del gobierno de Daniel Noboa
La renuncia del gobernador de Imbabura y los disturbios en Otavalo muestran la magnitud del desafío que enfrenta el presidente Daniel Noboa. El cierre total de una ciudad estratégica, los daños a la infraestructura pública y privada, la inseguridad percibida por la población y la presión de la Conaie colocan al gobierno en una encrucijada: buscar el diálogo o endurecer la respuesta.
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