La Asamblea Nacional aprobó este sábado, 29 de noviembre de 2025, el Presupuesto General del Estado 2026, enviado por el presidente Daniel Noboa, por un monto de 46.255 millones de dólares y con un déficit estimado del 3,9 % del PIB. La propuesta obtuvo 78 votos a favor tras el informe de la Comisión de Régimen Económico y Tributario, pero la decisión avivó un fuerte choque político entre oficialismo y oposición que trascendió el hemiciclo.

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¿En qué se apoya el oficialismo para defender el presupuesto?

La presidenta de la comisión que estudió la proforma, la oficialista Nathaly Farinango, sostuvo que el análisis incluyó la participación de “diversas autoridades, expertos, organizaciones sociales e incluso a asambleístas de otras comisiones”, lo que permitió concluir que la asignación de recursos “orienta hacia los objetivos estratégicos del país”. El informe aprobado recomendó también la programación cuatrianual del presupuesto 2026-2029.

Además, el plan anual de inversiones para 2026 contempla 377 proyectos con una asignación de 2.181,47 millones de dólares, un punto que el oficialismo presentó como prueba de una planificación que busca atender “las demandas más urgentes de nuestra ciudadanía”.

Oposición habla de un presupuesto con vicios

Para la oposición, el documento aprobado tiene serios fallos de fondo. Las críticas se centraron en falta de transparencia, prioridades de gasto y viabilidad financiera. La legisladora Mónica Alemán (Revolución Ciudadana) afirmó con dureza: “Estamos ante un presupuesto que nace con vicios de ilegalidad, que carece de transparencia en el uso del impuesto al valor agregado y que está priorizando el pago de la deuda sobre la inversión en obra pública y bienestar de los ecuatorianos”.

En la misma línea, Alfredo Serrano (PSC) definió la proforma como “inejecutable” y “desfinanciado”, además de señalar que, según su lectura, el proyecto vuelve a favorecer el pago de deuda y afectaría recursos de afiliados para financiarse.

Principales críticas expresadas por la oposición:

• Falta de transparencia en el uso del IVA
• Prioridad al pago de deuda por encima de inversión social
• Riesgo de subfinanciamiento y ejecución reducida
• Presunta reducción de recursos a universidades públicas (negada por el oficialismo)

Disputas sobre educación y descentralización del gasto

Durante el debate, la oposición aseguró que el presupuesto reduciría los recursos a unas diecinueve universidades públicas. El oficialismo respondió que, en realidad, la asignación a la educación superior aumentará en 2026, pero que habrá una “desconcentración” de fondos para repartirlos entre más instituciones, una explicación que no disipó todas las dudas entre los críticos.

Protestas fuera

En los exteriores del Parlamento se registraron protestas de organizaciones sociales, estudiantes e indígenas, que rechazaron el proyecto y exigieron mayor respaldo a la educación pública y comunitaria. Las movilizaciones añadieron presión política y simbolizaron el malestar social que acompañó la aprobación.

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