El puesto que ocupa Ecuador en ranking regional de corrupción y transparencia
El IPC evalúa la percepción de corrupción en el sector público en 182 países. La escala va de 0 (muy corrupto) a 100 (muy transparente).
La Asamblea Nacional es una de las entidades más cuestionadas por el pueblo ecuatoriano.
Ecuador se ubicó en el puesto 116 de 182 naciones en el más reciente Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), difundido este 10 de febrero de 2026 por Transparencia Internacional.
El dato golpea: 33 puntos sobre 100. Es decir, mientras más bajo el puntaje, mayor la percepción de corrupción. Y Ecuador obtuvo en el 2023 una calificación de 34 y en el 2024 cayó a 32.
La tendencia preocupa. En 2021 y 2022 el país tenía 36 puntos. Desde entonces, la caída ha sido sostenida.
El IPC evalúa la percepción de corrupción en el sector público en 182 países. La escala va de 0 (muy corrupto) a 100 (muy transparente). Ecuador, con 33, están por debajo de Nepal y Sierra Leona, ambos con 34.
El contraste mundial
Mientras Ecuador lucha por no seguir cayendo, Dinamarca lidera el ranking por séptimo año consecutivo, seguida de Finlandia y Singapur. En el otro extremo están Sudán del Sur (8 puntos), Somalia (9) y Venezuela (10), considerados los más afectados por la corrupción.
Transparencia Internacional advierte que la corrupción no solo debilita las instituciones, sino que también alimenta delitos ambientales y fortalece al crimen organizado.
“La corrupción generalizada fomenta violaciones a los derechos humanos, impunidad y frena la lucha contra el cambio climático”, señala el informe.
El panorama deja un mensaje claro: Ecuador no logra romper el círculo de la corrupción y la percepción internacional sigue siendo negativa.
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Panorama en América
El informe advierte que en Ecuador, al igual que en El Salvador (32), la reducción del espacio cívico y las trabas a organizaciones sociales y medios independientes debilitan la fiscalización y la rendición de cuentas.
A nivel regional, el panorama no es alentador. El continente americano obtuvo un promedio de 42 puntos sobre 100, sin mostrar avances significativos en la lucha contra la corrupción.
De los 33 países evaluados, 12 han empeorado considerablemente desde 2012, año en que se actualizó la metodología del estudio. Solo República Dominicana (37) y Guyana (40) lograron mejorar un punto, publica la agencia de noticias EFE.
Transparencia Internacional es tajante: “Años de inacción gubernamental han erosionado la democracia y permitido el crecimiento del crimen organizado transnacional”.
El crimen organizado se infiltra
El informe señala que en países como México (27), Brasil (35) y Colombia (37), la corrupción ha facilitado durante años la infiltración del crimen organizado en la política.
Incluso naciones consideradas democracias sólidas como Costa Rica (56) y Uruguay (73) enfrentan violencia vinculada a redes criminales que prosperan bajo esquemas de corrupción.
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Los extremos del ranking
Entre los mejores calificados en América están Canadá (75), Uruguay (73) y Barbados (68). Sin embargo, la ONG advierte que su crecimiento es limitado y hay señales de retroceso.
En el otro extremo aparecen Venezuela (10), Nicaragua (14) y Haití (16), marcados por represión, instituciones debilitadas y corrupción estructural.
En el caso venezolano, aunque mantuvo su puntuación, el informe señala que años de corrupción generalizada han disparado la pobreza y la desnutrición. A nivel mundial, solo Somalia y Sudán del Sur (9 puntos cada uno) están por debajo.
Estados Unidos también cae
El informe también prende alertas en el norte. Estados Unidos obtuvo 64 puntos, el registro más bajo en su historia dentro del índice. Desde 2015 ha perdido 12 puntos.
Transparencia Internacional advierte que medidas recientes que afectan la independencia judicial y el debilitamiento de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) podrían enviar señales de tolerancia frente a prácticas empresariales corruptas.
Golpe directo a los ciudadanos
El estudio subraya que la corrupción impacta directamente en los servicios públicos. Cita casos como: Perú (30), donde se investigan presuntos sobornos en el programa de alimentación escolar.
Argentina (36), con indagaciones por manejo irregular de fondos para medicamentos destinados a personas con discapacidad.