Con la eliminación del subsidio al diésel, vigente desde el 12 de septiembre de 2025, el presidente Daniel Noboa abrió un nuevo escenario económico. La medida permitirá redirigir más de $1.100 millones al año hacia proyectos sociales y productivos.

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Sin embargo, la discusión pública gira en torno a si las compensaciones planteadas por el Ejecutivo serán suficientes para reducir el impacto que enfrentan los sectores más golpeados por la decisión. El precio del galón de diésel automotriz subió de $1,80 a $2,80, y se mantendrá hasta diciembre, cuando se pondrá en marcha un mecanismo de estabilización. El Gobierno sostiene que gran parte del subsidio era aprovechado por actividades como el contrabando y la minería ilegal, y no necesariamente por quienes realmente lo necesitaban.

Paquete de compensaciones bajo la lupa

Para contener el descontento, el Ejecutivo anunció un plan de 18 medidas de compensación. Una de las más importantes es la transferencia directa a 23.300 choferes de transporte de pasajeros, quienes recibirán entre $400 y $1.000 mensuales, con una inversión total estimada en $220 millones. El plan incluye además un subsidio temporal de tres meses para el transporte comercial, entre ellos el de carga pesada, escolar, turístico y mixto; sin embargo, todavía no se han definido los montos.

Con el fin de evitar protestas o ajustes inmediatos en la ciudadanía, el Gobierno confirmó que las tarifas del transporte público permanecerán estables. Asimismo, parte de los recursos se utilizará para ampliar los bonos sociales, agilizar devoluciones tributarias a los adultos mayores y entregar apoyo en insumos y equipos a productores rurales.

Temor por los plazos de la ayuda

A pesar de los anuncios, la temporalidad de las compensaciones despierta críticas. Mientras el transporte público tendría apoyo de hasta ocho meses, el transporte comercial contaría apenas con tres. 

“El riesgo es que, pasada la ayuda temporal, los costos adicionales del combustible se trasladen a los precios finales de bienes y servicios, provocando una presión inflacionaria que golpee a los hogares más vulnerables”, señaló el economista Hernán Cevallos.

La advertencia apunta a un problema de fondo: la posibilidad de que los alivios transitorios no logren contener los efectos estructurales del incremento en el precio del diésel y sus repercusiones en la economía cotidiana de los ecuatorianos.

Voces desde los afectados y la academia

En el sector de transporte, la preocupación es diaria. “Nosotros sentimos el golpe todos los días; el bono ayuda, pero no cubre lo que realmente representa el incremento en el costo del diésel. A la larga vamos a terminar ajustando nuestros bolsillos o subiendo tarifas”, comentó Carlos Anchundia, chofer de transporte interprovincial. Su testimonio refleja la incertidumbre que atraviesan quienes dependen directamente del combustible para sostener su trabajo.

Desde la academia también se plantean cuestionamientos. El economista y catedrático Juan Manuel García considera que las compensaciones son un alivio inmediato pero no una solución de fondo: “Son suficientes a corto plazo. Pero deben pensar en municipalizar el transporte masivo urbano y así bajar más los costos del transporte público. Luego deben liberar la libre importación de llantas, aceites y repuestos, ahora solo está abierta para llantas, e incentivar que en Ecuador se fabriquen carrocerías”. 

Su análisis subraya la necesidad de aprovechar la coyuntura para repensar el sistema de transporte y su cadena de costos.

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