La justicia definió la situación jurídica de las personas retenidas la noche del martes 11 de noviembre de 2025, durante el último concierto de Shakira en Quito. Según consta en el expediente judicial, cuatro ciudadanos fueron procesados para investigaciones por el delito de simulación de cargo o función pública, mientras que un quinto detenido durante el procedimiento no recibió formulación de cargos.

Los procesados son Luis Cifuentes, John Fiallos, María Díaz y Evelyn Frutos, quienes fueron imputados por la conducta prevista en el artículo 287 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). El juez calificó la flagrancia, verificó la legalidad de la aprehensión y dispuso que la instrucción fiscal tenga una duración de 30 días, bajo procedimiento ordinario, según lo previsto en el artículo 590 del COIP.

Medidas cautelares contra los sospechosos

No se dictó prisión preventiva para ninguno de ellos. Sin embargo, estas dos medidas cautelares fueron impuestas para los cuatro procesados:

(Te invitamos a leer: Así operaba la red del caso Plaga: 18 sentenciados y tres exjueces en la mira)

• Prohibición de salida del país, notificándose a las entidades migratorias pertinentes.
• Presentación obligatoria cada viernes ante el fiscal de la causa, o ante la Unidad de Flagrancia en caso de feriados. La primera presentación quedó fijada para el 14 de noviembre de 2025, por lo que tuvo que haberse dado.

¿Qué pasó la noche del último concierto de Shakira en Quito?

El expediente detalla que, esa noche, un hombre y tres mujeres habrían intentado ingresar por el acceso 7 del Estadio Olímpico Atahualpa utilizando prendas similares a uniformes del Cuerpo de Bomberos de Quito. Según las versiones recogidas, estas personas, al parecer, no presentaron credenciales que justificaran su presencia operativa en la zona, motivo por el cual fueron retenidas.

(Además: Sospechosa venta de caldo de salchicha en negocio de Manta: ¿$ 750.000 en un año?)

Minutos después, acudió al sitio Luis Cifuentes, cabo del Cuerpo de Bomberos, requerido por el Puesto de Mando Unificado, luego de que una de las mujeres mencionara que él presuntamente habría entregado las prendas halladas en el acceso. Su presencia en el lugar derivó en su aprehensión, pero no como parte del grupo que intentó ingresar al concierto, sino por la mención realizada en ese momento.

En la formulación de cargos, la Fiscalía decidió no imputar al ciudadano que estaba junto a las mujer y quien también había sido detenido inicialmente. El expediente consigna que, tras la valoración de los hechos, los cargos se presentaron únicamente contra Cifuentes, Díaz, Frutos y Albán.

El tipo penal atribuido, que es la presunta simulación de cargo o función pública, contempla una pena de uno a tres años de privación de libertad, conforme al artículo 287 del COIP.

El COIP les da la posibilidad de acceder a otro procedimiento

Aunque la causa avanza por la vía ordinaria, el COIP permite alternativas procesales aplicables a este tipo penal. Entre ellas, el procedimiento abreviado, que puede ser propuesto por la Fiscalía entre la formulación de cargos y la audiencia preparatoria de juicio. Para que se aplique, los procesados deben consentir expresamente y admitir el hecho atribuido, según el artículo 635 del COIP.

El tipo penal también admite la posibilidad de una suspensión condicional de la pena en caso de sentencia condenatoria, siempre que se cumplan los requisitos del artículo 630 del COIP: que la pena no supere cinco años, que la persona no tenga antecedentes vigentes y que las circunstancias del caso lo permitan.

La causa fue remitida a la Unidad Judicial Penal competente, después de que el juez de flagrancia se inhibiera conforme a las reglas del artículo 404 del COIP. El proceso permanece en etapa de instrucción fiscal, a la espera de nuevas diligencias. 

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡Suscríbete a EXTRA!