La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), en su 81ª asamblea, expresó preocupación por una campaña sin fundamentos dirigida a desacreditar a los diarios Expreso y Extra, pertenecientes a la casa editorial Granasa. Este caso fue señalado por la SIP como un ejemplo de hostigamiento a la prensa libre en la región, según el informe que resalta un deterioro en el respeto a la libertad de expresión en Ecuador.

El informe destaca que el ecosistema mediático ha sido afectado por graves violaciones a la libertad de prensa, documentando agresiones físicas a periodistas durante manifestaciones, amenazas de muerte, hostigamiento judicial y ataques a medios críticos, así como discursos despectivos provenientes de altas autoridades estatales.

"Juicios sin investigación formal"

En septiembre de 2025, se informó sobre una supuesta investigación tributaria del Servicio de Rentas Internas (SRI) que generó una campaña en contra de Expreso, amplificada por medios afines al oficialismo. No se encontró evidencia que vincule a Granasa con tales acusaciones.

La SIP subrayó que el SRI inició auditorías a 15 contribuyentes por inconsistencias en ventas, pero no explicó la filtración de información. José Julio Neira, secretario de Integridad Pública, publicó un video en X relacionando a Expreso y Granasa con un presunto esquema de evasión tributaria, careciendo de pruebas concretas. 

El medio respondió que Neira formuló juicios antes de una investigación formal programada para el 24 de septiembre, rechazando las 'intimidaciones' que intentan deslegitimar su labor crítica e independiente.

Agresiones a periodistas

En cuanto a las agresiones durante la cobertura de manifestaciones, se registraron incidentes donde periodistas fueron agredidos por fuerzas de seguridad y manifestantes. Ejemplos incluyen la marcha del 12 de agosto en Quito, donde reporteros de Expreso, Wambra Radio y GK enfrentaron violencia.

Durante el paro nacional en octubre de 2025, se documentaron agresiones y restricciones a periodistas, incluyendo el congelamiento de cuentas de organizaciones sociales y ataques físicos y digitales a comunicadores.

La SIP destacó casos específicos de agresiones a periodistas, como el impedimento de ingreso al Palacio de Gobierno y ataques físicos durante la cobertura de protestas. La violencia también se extendió a la denuncia de hostigamiento a periodistas en redes sociales.

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) denunció la suspensión de señales de medios comunitarios, enfatizando la censura que enfrentan.

Compra de medios de comunicación

Además, la SIP expresó preocupación por la judicialización del periodismo, citando ejemplos de demandas penales contra periodistas sin fundamento, así como ataques y descalificaciones desde cuentas oficiales hacia comunicadores.

Por otro lado, el 29 de septiembre, la adquisición de medios por parte de un asambleísta suplente reavivó el debate sobre la concentración mediática y la independencia editorial. Finalmente, la SIP mencionó el uso de redes sociales para deslegitimar a medios y comunicadores, reforzando narrativas negativas promovidas por el gobierno.

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