El Decreto Ejecutivo 126 eliminó el subsidio al diésel desde el 13 de septiembre de 2025. El precio del galón pasó de USD 1,80 a USD 2,80, con el objetivo de ahorrar más de USD 1.000 millones anuales para destinarlos a programas sociales y productivos, según el Gobierno Nacional.

La medida marca un giro en la política económica del país y genera lecturas encontradas.

“Los subsidios beneficiaban a quienes más tienen”

El economista Alberto Acosta Burneo califica la decisión como “importantísima” y asegura que se trata de una corrección largamente postergada.

“Los subsidios a los combustibles beneficiaban a quien más tiene. Ahora se los focaliza en quienes más lo necesitan, a través de compensaciones para el transporte público que garantizan que no suban las tarifas”.

A su criterio, este rediseño devuelve sentido al subsidio: deja de ser un beneficio para quienes podían pagar y se concentra en proteger a los usuarios del transporte popular.

El peso en las cuentas fiscales

Acosta recordó que durante décadas el país destinó más de USD 3.000 millones anuales a subsidiar combustibles, recursos que pudieron invertirse en educación y salud.

“Son decisiones absurdas que toman los países pobres: subsidiar vehículos en lugar de educar a su población. Esa es una de las razones por las que seguimos siendo subdesarrollados”, sostuvo.

¿Y el costo de vida?

Uno de los temores más extendidos es el efecto en el costo de vida. Acosta Burneo considera que la inflación subirá un mes, pero después se estabilizará, como ocurrió en 2024 cuando se eliminó el subsidio a la gasolina.

“El costo del combustible representa hoy una fracción menor en la producción. No habrá un golpe sostenido. El mercado se disciplina solo y los precios tenderán a desacelerarse”.

Según explicó, en sectores más dependientes del diésel se requerirán mejoras de eficiencia y tecnología, como ya ocurre en países que racionalizan el consumo energético sin subsidios.

Compensaciones al transporte masivo

Para el economista, la clave de esta decisión son las compensaciones para los transportistas. “Es lo contrario a lo que hizo Lenín Moreno. Ahora los transportistas recibirán bonos de entre USD 400 y 1.000 mensuales, lo que desactiva cualquier oposición organizada. Por eso no habrá respaldo popular para movilizaciones que pretendan desestabilizar”.

Aseguró que las tarifas del transporte público están blindadas y que la ciudadanía no sentirá un impacto directo.

Conaie: “Un paquetazo neoliberal”

En contraste, la Conaie calificó la medida como un “nuevo paquetazo” que encarecerá la canasta básica, el transporte de alimentos y la producción campesina. La organización considera que los bonos son “migajas temporales” y llamó a sus bases a declararse en asambleas permanentes para enfrentar la decisión.

UNE: “Ajuste fiscal del FMI”

La Unión Nacional de Educadores (UNE) señaló que detrás de la eliminación de subsidios está el cumplimiento de compromisos con el Fondo Monetario Internacional y un ajuste fiscal de más del 4 % del PIB. Acusó al Gobierno de engañar a la población con falsas promesas y llamó a la unidad del FUT, la Conaie y transportistas para organizar movilizaciones.

Transportistas piden derogatoria

Los gremios nacionales de transporte pesado también rechazaron el decreto. Denunciaron que no fueron consultados y advirtieron que el alza del diésel se trasladará a la cadena productiva “en el peor momento”. Convocaron a reuniones urgentes para definir acciones.

En Pichincha ya se anunció un paro de actividades del transporte terrestre si es que el Gobierno Nacional no escucha sus peticiones.

Mientras economistas como Acosta Burneo sostienen que el impacto inflacionario será mínimo y que la medida corrige distorsiones históricas, las organizaciones sociales alertan sobre un encarecimiento general y llaman a la movilización. El pulso entre la estabilidad de las cuentas fiscales y el costo social marcará las próximas semanas.

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