El pasado 18 de septiembre, el Gobierno ecuatoriano anunció un toque de queda nocturno que afecta a cinco provincias de la Sierra. La medida se aplica diariamente entre las 22:00 y las 05:00 en Carchi, Imbabura, Cotopaxi, Bolívar y Chimborazo, y responde a las movilizaciones convocadas en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel.

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El decreto reforma una norma anterior que había declarado el estado de excepción en varias provincias y amplía su alcance al incluir a Chimborazo. Según el Ejecutivo, la decisión busca restablecer el orden y proteger la circulación y la vida cotidiana, luego de episodios de bloqueos y cortes de vías que habrían afectado servicios y el normal desarrollo de actividades en distintos territorios. 

En el texto oficial se advierte que esas acciones están “impidiendo el libre tránsito de personas y vehículos, afectando garantías, libertades y derechos de los ciudadanos, así como, el normal desenvolvimiento de sus actividades personales, económicas, comerciales y laborales”.

Las movilizaciones fueron convocadas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), que llamó a un paro nacional descrito por la organización como "inmediato e indefinido". Tras esa convocatoria, el presidente Daniel Noboa firmó el decreto que, además de fijar el toque de queda, ratifica la vigencia del estado de excepción por 60 días a partir de su expedición.

El documento establece que la restricción de circulación nocturna es exigible desde su firma y que “todas las personas que circulen durante este horario serán puestas a órdenes de las autoridades competentes.” La Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y los agentes de control de tránsito están facultados para exigir documentación que acredite la condición de exceptuado y para identificar a quienes no cumplan la normativa.

¿Quiénes están exentos del toque de queda?

A continuación, las principales excepciones previstas en el decreto (las personas deberán acreditar su condición ante las autoridades mediante carnet, identificación laboral, documentos de vuelo u otros soportes):

• Servicios de salud (red pública y complementaria privada).
• Fuerza pública, seguridad privada, gestión de riesgos y servicios de emergencia; servicio de emergencia vial.
• Servidores públicos y personal de contratistas cuya labor garantice la continuidad de servicios esenciales.
• Personal de la cadena logística y transporte de carga (con documentación que acredite pertenencia a la empresa y, si corresponde, la licitud de la carga).
• Empleados de empresas con plantas que operen en turnos nocturnos, con identificación del empleador.
• Prestadores de transporte (aeropuertario, público, escolar, turístico) y pasajeros con vuelos programados.
• Abogados por diligencias, funcionarios judiciales, servidores de la Corte Constitucional y de la Función Judicial; trabajadores de medios que acrediten la necesidad de desplazamiento.
• Trabajadores de sectores estratégicos definidos por la Constitución y personas que abastezcan cadenas productivas.

El incumplimiento del toque de queda puede derivar en la puesta a disposición de las autoridades y, según la normativa penal citada por fuentes oficiales, incluso en sanciones que incluyen penas privativas de libertad por la infracción de decisiones legítimas de la autoridad.

En los días posteriores a la firma del decreto, las autoridades anunciaron controles más estrictos en puntos de ingreso y salida de ciudades y en ejes viales, con el objetivo declarado de garantizar el abastecimiento y la seguridad.

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