A un mes del inicio del paro nacional que tiene en vilo a Ecuador, la tensión entre el Ejecutivo y la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) se mantiene sin señales de acercamiento. Las movilizaciones, que comenzaron el 22 de septiembre tras la eliminación del subsidio al diésel, siguen concentradas en la provincia de Imbabura, donde los bloqueos de carreteras han transformado la protesta en un conflicto prolongado con efectos económicos y sociales.

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Al día de hoy, martes 21 de octubre de 2025, el saldo humano y judicial es preocupante: reportes de organizaciones de derechos humanos hablan de cerca de 300 heridos, dos manifestantes fallecidos por disparos —presuntamente provenientes de fuerzas del orden durante intentos de despeje— y alrededor de 118 detenciones. 

Entre los capturados hay doce personas que enfrentan prisión preventiva con imputaciones de terrorismo, vinculadas a un ataque al cuartel de Policía en Otavalo el mismo 22 de septiembre, episodio en el que resultaron quemados diez vehículos.

¿Por qué persiste el conflicto y qué reclaman los indígenas?

Aunque la chispa fue la retirada del subsidio al diésel —que elevó el precio del galón de 1,80 a cerca de 2,80 dólares—, las demandas se ampliaron con el paso de las semanas. La Conaie exige una reducción del IVA hasta el 12 %, la liberación de los detenidos por las protestas y un aumento del salario básico de 470 a 650 dólares. Además, ha expresado su rechazo al referéndum convocado por el Gobierno para el 16 de noviembre, en el que se consultará, entre otros temas, la instalación de una Asamblea Constituyente.

El diálogo, por ahora, está estancado. Tras una tregua parcial que no prosperó, el Gobierno anunció el cierre de las conversaciones con algunas organizaciones indígenas de Imbabura, luego de que comunidades locales rechazaran los acuerdos alcanzados. 

Sobre ese punto, el ministro del Interior, John Reimberg, aseguró: “Pidieron un diálogo y estuvimos en el diálogo como Gobierno. Llegamos a acuerdos que hemos cumplido y que ellos no. Ellos se encargaron de cerrar la puerta a este diálogo”. Añadió además que “a partir de ahora cualquier cosa que pase será responsabilidad de ellos”, frase que la Conaie calificó como “una amenaza abierta y un intento de justificar la represión”.

Por su parte, desde el Ejecutivo la ministra de Gobierno, Zaida Rovira, relativizó el alcance del paro: definió la protesta como “una herramienta” que usan ciertos sectores indígenas “para hacer su plataforma política” y, en ese marco, advirtió sobre riesgos de desestabilización. En contraste, comerciantes y el sector turístico de Imbabura —provincia que contabiliza pérdidas millonarias— piden que se reabra el diálogo para evitar más deterioro económico y social.

Con la mirada puesta en las urnas y en el calendario electoral, el paro añade una incógnita sobre cómo influirá en la campaña del referéndum del 16 de noviembre. La Conaie ya adelantó que hará campaña por el “No”. Queda por ver si la persistencia de los bloqueos en Imbabura y la erosión económica local terminarán por forzar una negociación o si, por el contrario, ambos bandos mantendrán sus posiciones hasta la cita con las urnas.

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