El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, aseguró que el adelantamiento de la audiencia de juicio en el denominado caso Triple A, fijada ahora para el 24 de diciembre de 2025 responde a una estrategia política orientada a destruir su imagen política.

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“Ellos buscan estigmatizar y que no me pueda candidatizar para una reelección o para cualquier otra elección”, expresó el jefe municipal durante su enlace radial de este 17 de diciembre de 2025.

Álvarez también afirmó que existe un patrón de acciones dirigidas contra figuras de oposición. Según indicó, el cambio de fecha de la diligencia, inicialmente prevista para enero de 2026, carece de urgencia procesal y fue programado en plena época navideña.

Sistema judicial está parcializado, acusa Aquiles Álvarez

El Alcalde comparó su situación con otros procesos recientes y señaló que, a su criterio, el sistema judicial está siendo utilizado con fines políticos. Mencionó casos como el de Fernando Villavicencio, Jan Topic y la eliminación del partido Construye, vinculándolo a lo que considera una persecución contra sectores de oposición.

Aquiles Álvarez confirmó que asistirá a la audiencia, que se desarrollará los días 24, 28, 29 y 30 de diciembre en Quito, y aseguró que enfrentará el proceso. “Siempre estoy listo y vamos a ir, vamos a comparecer”, indicó.

También cuestionó que el mismo juez haya conocido otros casos considerados sensibles y contrastó la celeridad de su proceso con la demora en juicios relacionados con estructuras delictivas y narcotráfico.

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El jefe municipal enumeró una serie de hechos que, según su versión, responden a un calendario político, como vinculaciones previas a procesos electorales, la imposición de medidas cautelares en fechas festivas, allanamientos en días simbólicos y, ahora, un juicio programado en Navidad.

Respecto al fondo del caso, Aquiles Álvarez defendió su inocencia y explicó que su rol como gerente de una comercializadora de combustibles se limitaba a la intermediación. Señaló que la responsabilidad de su empresa concluía con la entrega de la orden en el terminal, donde el distribuidor cargaba y transportaba el combustible.

Denuncia en Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)

Añadió que todas las operaciones se realizaron mediante transferencias bancarias, con facturación registrada en el Servicio de Rentas Internas (SRI), y que informes de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) no evidenciaron irregularidades.

En su intervención, contrastó su caso con el de la distribuidora Petronoboa, a la que señaló por presunta venta ilícita de combustible y la anulación de miles de facturas en el SRI. Afirmó que en su proceso no existe evidencia material de desvío de combustible y que siete peritajes descartan esa acusación.

Álvarez anunció que su defensa presentará pruebas, testigos y contrainterrogatorios durante la audiencia, y confirmó que interpuso una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por presuntas nulidades y vulneraciones dentro del proceso.

Finalmente, el alcalde criticó al Gobierno nacional por la falta de avances en obras, salud y seguridad, y sostuvo que se prioriza la persecución a la oposición sobre la gestión pública. “Cero obras en el país, un gobierno que no supera el 25% de valoración”, reprochó.

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