Una fotografía publicada en redes sociales, en la que se observaba el traslado de personas privadas de libertad desde la prisión de Santo Domingo hacia la nueva Cárcel del Encuentro (de máxima seguridad), en Santa Elena, fue suficiente para que Doménica reconociera a su hijo de 20 años entre los reclusos.

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El joven cumple una sentencia por robo y, según relata su madre, estaba a solo tres meses de recuperar la libertad.

“Vi la foto en una noticia y lo reconocí enseguida. Me dije: ‘Es mi hijo, es mi hijo’. Todavía tenía el cabello largo. Fuimos a la cárcel de Santo Domingo para confirmar y sí, estaba en la lista de los 19 presos que fueron llevados a esta prisión. No entiendo por qué lo trasladaron, él estaba a punto de salir en libertad”, contó Doménica, mientras observaba desde lejos el sitio donde se levantan las instalaciones del nuevo centro penitenciario, en la comuna Juntas del Pacífico.

A ella se sumaron otros familiares, que emprendieron el mismo viaje para buscar información. Fernanda, esposa de otro privado de libertad, relató que su cónyuge también fue trasladado desde Santo Domingo hasta la Cárcel del Encuentro, en la provincia de Santa Elena.

“Él fue detenido por robo en 2020 y ya estaba por cumplir su condena. En dos meses debía salir. No sabemos por qué lo trajeron. En Santo Domingo todo estaba tranquilo, no había motines”, señaló.

Silvia, otra de las familiares de reos que llegaron hasta la zona, contó que su pariente fue sentenciado a dos años de prisión por una riña y también estaba próximo a recuperar la libertad.

“Hemos visto pasar caravanas de carros con los presos, pero no sabemos en cuál van nuestros familiares porque los llevan encapuchados. Aquí no hay señal de internet y hemos tenido que dormir dentro del carro para esperar noticias”, dijo.

Ellas permanecen a unos 500 metros de la nueva Cárcel del Encuentro, donde militares custodian el acceso y no permiten el ingreso de personas ajenas al operativo. La incertidumbre y la falta de información acompañan a estas familias que llegaron desde distintas provincias para saber qué ocurrió con sus seres queridos tras los traslados.

Dos días de traslado

Los movimientos hacia el nuevo centro penitenciario comenzaron la madrugada del lunes 10 de noviembre. Ese día el presidente Daniel Noboa informó, a través de su cuenta en X, que fueron trasladados 300 reclusos considerados de “alta peligrosidad”. La cárcel, cuya construcción se inició en 2024, fue diseñada para albergar a 700 privados de libertad.

Desde el lunes también se encuentra recluido en ese centro Jorge Glas, exvicepresidente de la República. Una fuente de las Fuerzas Armadas confirmó a EXTRA que, en los dos días siguientes, fueron llevados desde Guayaquil 154 reclusos.

“El lunes salieron 60 desde La Roca, incluido el señor Jorge Glas. Ayer (martes) fueron trasladados 20 del Centro de Privación de Libertad, 9 del Centro de Detención Provisional, 25 de La Roca y 40 de la Penitenciaría. Los traslados se realizaron por vía aérea y terrestre”, explicó un militar.

Los traslados también incluyeron a internos de las cárceles de Latacunga, Cuenca, Esmeraldas y Machala, donde el domingo 9 de noviembre se registraron dos motines que dejaron 33 reclusos fallecidos.

Este Diario también consultó al departamento de Comunicación del SNAI para conocer si los reclusos trasladados son considerados de alta peligrosidad, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.

Entre el miedo y la calma

La comuna Juntas del Pacífico, donde se ubica la nueva prisión, se caracteriza por ser una zona tranquila, habitada en su mayoría por agricultores. Sin embargo, desde que comenzó la construcción del centro penitenciario, sus pobladores viven entre la calma y el temor de lo que pueda suceder.

“Este era un lugar tranquilo, pero desde la construcción de la cárcel vienen personas que no conocemos, supuestamente trabajadores. Tenemos miedo de que bandas criminales quieran asentarse aquí. Este sitio siempre fue un paraíso donde se podía caminar con tranquilidad. Yo nací aquí”, manifestó Catalino Yagual Salazar, uno de los comuneros.

María José Villón, otra habitante del sector, considera que la presencia de la cárcel tiene ventajas y desventajas. “Por un lado, hay más policías y militares patrullando, lo que da algo de seguridad; pero también tememos porque estos presos son de alta peligrosidad. En diciembre de 2024 colocaron bombas en esta cárcel cuando aún estaba en construcción. Ese atentado nos dejó con miedo”, recordó.

Villón añadió que durante 2024 se registraron varios casos de robos y extorsiones en la zona, aunque la presencia militar ha ayudado a disminuirlos. “Desde que llegaron los policías y los militares, la delincuencia bajó, pero la preocupación sigue. Por tener tan cerca una cárcel de máxima seguridad, ya nada será igual”, concluyó.

Denuncian que les ordenaron cortar sus cultivos de ciruelas

Los hermanos Ángel y Sonia Laínez González son oriundos de la comuna Juntas del Pacífico y, desde siempre, han vivido de la venta de ciruelas y maíz.

Sin embargo, hace unas semanas, según contaron, recibieron una notificación en la que les indicaban que debían cortar sus sembríos de ciruela porque, debido a la altura de los árboles, podrían servir como escondite para delincuentes.

Las plantaciones superan los cinco metros de alto y, de acuerdo con lo que les informaron, podrían convertirse en “guaridas” para personas ajenas a la comunidad.

“Esto nos ha perjudicado y nos va a seguir afectando. Nos dicen que debemos cortar las matas de ciruela y que solo podemos sembrar maíz, pero este territorio es nuestro. Somos propietarios y no vamos a cortar nuestras plantas porque vivimos de esto desde hace más de 40 años”, expresó Ángel.

Su hermana Sonia agregó que la venta de ciruelas les permite subsistir durante todo el año, ya que con las ganancias compran alimentos no perecibles para su sustento. “Con lo que ganamos compramos arroz, aceite, azúcar, sal y lo necesario para alimentarnos. Toda la vida hemos vivido de la agricultura, especialmente de la venta de ciruelas”, contó.

Los hermanos Laínez les piden a las autoridades que reconsideren la medida y les permitan mantener sus cultivos, pues representan su única fuente de ingresos y la base de su economía familiar.

Su finca está ubicada a unos 700 metros de la Cárcel del Encuentro.

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