Caso Malvinas: Se reinstala la audiencia este 8 de diciembre, un año luego del hecho

La reinstalación de la audiencia de juicio en el caso Malvinas, en el que se busca resolver la desaparición y posterior asesinato de cuatro menores de edad del sur de Guayaquil el 8 de diciembre de 2024, se registró a las 08:40 de este lunes 8 de diciembre. Según reporta Ecuavisa, este inició con todas las partes procesales presentes tanto de manera presencial como en línea a través de la plataforma Zoom. 

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El fiscal a cargo del caso, de entrada, expuso sus argumentos y solicitó al Tribunal que algunos de los uniformados que están involucrados en el caso reciban 34 años y ocho meses de cárcel. Además, ellos deberían cancelar una multa de 800 salarios básicos, conforme a lo estipulado en la Ley; es decir, la sanción ascendería a los 376.000 dólares. 

Primera intervención luego de Fiscalía: No podría ser aceptada la sentencia

Hasta las 11:00 la sesión continuaba y en esta, luego de la intervención del fiscal del caso, la defensa de uno de los uniformados, Wilson C. B., cuestionó que la sentencia sea aprobada pues argumentó que, en el numeral 3 del artículo 5 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), se estipula que si el juez no está completamente convencido no debería ser aplicada la sentencia. 

Él insistió en que la cadena de custodia de la Fiscalía se rompió -al conocer que las prendas de vestir incineradas pasaron por manos de Juan I.- y eso no permitiría que no esté viciado y sea verdadero el dictamen de Fiscalía. "¿Cómo sabemos cuánto tiempo pasó en Iglesias?", dijo. Luego, cerca de las 11:10, el abogado fue interrumpido por el juez Jovanny Suárez pues le indicó que ya cumpliría una hora, a lo que respondió que estaba por culminar. "Wilson C. no puede ser convertido en responsable por saciar el clamor popular", refiriéndose al mediático caso. 

Él añadió que no fue probada la participación directa de Wilson C. en la consecuencia final de la detención de los cuatro menores de edad (Josué, Ismael, Steven y Nehemías) y que "sin prueba no hay delito, sin delito no hay condena". 

El fiscal replicó e indicó que solo respondería a los puntos relevantes, entre ellos que el militar Wilson C. "no puede negar el conocimiento de la conducta", además que este caso no es mediático porque todas las pruebas presentadas son "técnicas, científicas y objetivas". Luego, Abraham Aguirre, de parte de las familias de los cuatro menores, expuso que se apartan a la petición de la Fiscalía de la multa y que reiteran que la indemnización sea de 100.000 dólares por cada menor. 

Fiscalía acusa también a Wilmer L. y su defensa responde 

El representante del Ministerio Público a Wilmer L. también acusó como autor directo, para esto él añadió que los menores no tenían armas de fuego por lo que tampoco tenían argumento para hacer uso progresivo de la fuerza, como lo dicta la ley. A esto, respondió la acusación particular que se allanan a lo mencionado por Fiscalía, mientras que la defensa de Wilmer L. también cuestionó la mediatización del caso pues "los juicios paralelos en medios de comunicación violan el derecho de presunción de inocencia". 

Él, cerca de las 12:05, propuso que no se ha dicho de manera clara qué se encontraban realizando los cuatro menores debajo del puente sobre la avenida 25 de Julio, sur de Guayaquil, y respondió que en los videos los adolescentes no aparecían con balones de fútbol, como habían mencionado los padres en referencia a qué habían salido los muchachos de sus viviendas, en Las Malvinas, sector cercano a dónde fueron retenidos. 

Finalmente, solicitó al Tribunal que se ratifique la inocencia del militar Wilmer L. y pidió a la Fiscalía mantenerse imparcial. "No se ha llegado a determinar cuál es la responsabilidad individual de él", insistió. A las 12:33 él finalizó su defensa. 

A esto, el fiscal respondió que no se conoce de las víctimas del supuesto robo que, según el abogado de Wilmer L., los cuatro menores se encontraban robando en el puente del sur de la urbe porteña. En esto coincidió la defensora pública Dina Reina que fue una falta de respeto decir que "los militares no estaban debajo de un puente delinquiendo" y se unió al pedido de sentencia de 34 años y ocho meses de cárcel. 

Se reanuda la audiencia: Uno más de los militares, solicitado a 34 años y ocho meses

Luego de un receso de una hora otorgado por el Tribunal para almorzar, la sesión se reanudó con la solicitud de la Fiscalía para el cabo Jonathan G. de 34 años y ocho meses por ser supuestamente autor directo del delito de desaparición forzada. Él añadió que, aunque algunos de los abogados dijeron que no consideran adecuado que otra instalación de la ciudad sea nombrada en memoria de los cuatro menores, esto se constituye como parte de la reparación integral. "No es una ocurrencia del fiscal, sino que estamos cumpliendo parámetros", mencionó. 

La parte acusatoria, la defensa de los padres de los menores, también se allanó a lo dicho por Fiscalía. Sin embargo, el abogado del militar rechazó que Jonathan G. haya sido parte de la desaparición forzada. 

Otros dos uniformados, Ronald P. y Rodrigo N., también fueron acusados por la Fiscalía de ser autores directos de la presunta desaparición forzada de Ismael, Josué, Nehemías y Steven, por lo que, al igual que los otros que ya habían sido señalados por el Ministerio Pública, deberían recibir 34 años y ocho meses de prisión. 

Sin embargo, sus defensas objetaron y aseguraron que, por el lado de Ronald P., se sorprendía de que siendo un caso tan importante las pruebas sean tan "flojas" y, en el caso de Rodrigo N., se comentó que lo "único que se ha podido probar es que han existido enormes falacias". 

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