Cuatro personas, tres hombres y una mujer, presuntos autores de un atentado con explosivos a la Unidad Judicial Valdivia, en la avenida 25 de Julio, al sur de la ciudad de Guayaquil, fueron puesto bajo prisión preventiva mientras se los investiga por el delito de terrorismo.

Los presuntos criminales fueron capturados horas después de haber dejado una hoja con amenazas y un paquete que contenía una bomba de fabricación artesanal en los exteriores de la mencionada unidad judicial.

Las detenciones se lograron gracias a labores de inteligencia y la explotación de videos de las cámaras de videovigilancia, que permitió conocer cuál fue la ruta de escape y destino de los maleantes, informó la Policía Nacional.

¿Cuál fue la motivación del atentado?

El incidente ocurrió alrededor de las 15:00 del miércoles 17 de septiembre, hora a la que ciudadanos reportaron que individuos a bordo de una automóvil habían pasado y lanzaron una funda junto con el panfleto y huyeron a toda velocidad.

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Ante la novedad, que luego fue neutralizada por artificieros del escuadrón antiexplosivos del Grupo de Intervención y Rescate (GIR) con una detonación controlada, se tuvo que evacuar la unidad judicial, pues el papel dejado por los presuntos terroristas indicaba graves amenazas.

El documento en cuestión decía: “tenemos toda la cuadra rodeada de bombas. Jueces y fiscales, hagan bien su p... trabajo ¿ok?, sino van a volar ustedes y todos los que están alrededor. Hay bombas en todos lados, en todos los pisos. Atentamente la mafia, los Lobos activos”.

Según explicó el teniente coronel José Vinueza, subcomandante del distrito Sur, el ataque estaba relacionado con un proceso judicial por tráfico de droga. La intención era evitar que se realizara la audiencia de formulación de cargos.

¿Cuál es la sanción en la legislación ecuatoriana por el delito de terrorismo?

El panfleto y otros indicios fueron presentados por la Fiscalía durante la audiencia de flagrancia y formulación de cargos, en la cual es juez encargado de conocer la causa consideró que existían elementos suficientes para acusar a los detenidos por el delito de terrorismo.

El magistrado también acogió la solicitud del fiscal y dictó prisión preventiva para los cuatro presuntos implicados durante el tiempo que dure la investigación del caso. Por el delito de terrorismo, tipificado en el Código Orgánico Integral Penal (COIP), la sanción es de entre diez y trece años de prisión.

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