A las 09:10 de este jueves 6 de noviembre se registró una alerta de bomba en el Complejo Judicial Albán Borja, en el norte de Guayaquil.

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Según el reporte preliminar, una llamada y mensajes enviados por WhatsApp a la coordinadora del Tribunal de Garantías Penales advertían: “No estamos jugando, hay dos bombas, las vamos a explotar”.

Ante la amenaza, la funcionaria notificó de inmediato al ECU 911, que coordinó la llegada de las unidades especializadas y de los agentes del Grupo de Intervención y Rescate (GIR), quienes realizaron un barrido completo en las áreas internas y externas del complejo.

Tras no encontrar ningún artefacto explosivo, las actividades judiciales se reanudaron con normalidad.

Durante la alerta se desarrollaba, por segundo día consecutivo, la audiencia de juzgamiento contra 17 militares procesados por el caso de los Cuatro de Las Malvinas. Todas las personas y funcionarios judiciales fueron evacuados de manera preventiva mientras se efectuaba la revisión del edificio.

Una fuente de la Fiscalía General del Estado indicó que esta audiencia está convocada por el Tribunal Penal hasta el 14 de noviembre, pero podría extenderse unos 30 días debido a la cantidad de peritos y testigos que deben rendir su declaración.

A casi un año del caso

El caso de Los Niños de Las Malvinas se remonta al 8 de diciembre de 2024, cuando cuatro menores de edad —tres adolescentes y un niño identificados como Josué, Ismael, Nehemías y Steven— fueron subidos por militares a patrullas en los alrededores de un centro comercial del sur de Guayaquil.

De acuerdo con versiones de los involucrados, los menores fueron dejados en un sector desolado de la parroquia Taura, en la provincia del Guayas.

El 24 de diciembre de 2024, los cuerpos de los cuatro fueron hallados quemados e irreconocibles en una zona pantanosa de difícil acceso, a la que solo se podía llegar por vía fluvial. Seis días después, el 31 de diciembre, las autoridades confirmaron oficialmente que los restos correspondían a los menores desaparecidos.

Por esta investigación, 17 militares están procesados por su presunta participación en la detención irregular de los jóvenes. La Fiscalía ha formulado cargos contra ellos por el delito de desaparición forzada.

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