Socio Vivienda: El niño que escapó de un gran ataque y el drama del desplazamiento

La masacre en Socio Vivienda del 6 de marzo de 2025 marcó un punto de quiebre en el desplazamiento interno en Ecuador. Historias como las de Daniel y Manuel revelan el drama de las familias que huyen de la violencia criminal en Guayaquil, buscando refugio ante la inseguridad en el país.

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Daniel insiste en repetir el nombre de su padre, una identidad que él prefiere mantener en secreto. Tiene tres años y, aquella noche, dormía en paz mientras el barrio que lo vio nacer se llenaba de muerte: 22 personas fueron asesinadas en una sola jornada. 

“Yo salí hace un año de Socio Vivienda por la seguridad de mi hijo”, cuenta el papá de Daniel. “Mi mamá me dijo que me fuera de ahí, pero yo no quería dejarla sola. Al final me fui por culpa de la masacre”.

Daniel apenas empezaba a hablar cuando su padre decidió abandonar este plan habitacional ubicado en el noroeste de Guayaquil, una de las zonas más peligrosas del país. El niño no vive con su madre. Desde entonces, padre e hijo encontraron refugio en la casa de un padrino, en el sur.

La historia de este pequeño se repite en muchas familias. Su padre prefiere ocultarle esa realidad de sangre y muerte. Según un informe sobre desplazamiento elaborado por la Defensoría del Pueblo, las provincias de Guayas, Manabí y Pichincha concentran más de la mitad de los movimientos internos del país, ya sea como lugares de origen o de destino de personas desplazadas.

En particular, Guayas, Manabí, Pichincha, Azuay, Los Ríos y Cotopaxi figuran entre las principales provincias receptoras, mientras que Guayas, Pichincha, Manabí, Los Ríos y Esmeraldas registran los mayores porcentajes de salida.

Vivir lejos de su madre y de sus hermanos (todos desplazados a distintos barrios de Guayaquil) no ha sido fácil. Aun así, Daniel encuentra momentos de alivio en la amistad con Manuel, otro joven que también tuvo que abandonar su casa. Los dos comparten una historia similar: vienen de Socio Vivienda, pero allá nunca se conocieron. Fue el desarraigo lo que los unió.

Tienen 28 años ambos y saben que en barrios como Socio Vivienda la amenaza no distingue entre culpables e inocentes.

Manuel recuerda con claridad el día en que tuvo que irse. “Yo fui desplazado antes de la masacre. En el barrio Socio Vivienda hay un sector al que le dicen La Barraca. En la parte de abajo estaba la banda de Los Lobos, pero La Barraca era de Los Tigres”, explica.

“Hubo una masacre porque habían asesinado a alguien de Los Tigres. Después comenzaron a meterse en las casas y a desplazar a mucha gente”, continúa.

Habla con tristeza. Su familia quedó dispersa por la ciudad: su madre vive en un barrio y sus hermanos en otro. Él terminó instalándose en la casa de una tía, en el sur porteño. Allí, en las calles del nuevo barrio, conoció a Daniel.

La amenaza que lo obligó a huir todavía le retumba en la memoria. “Allá en La Barraca, de Socio Vivienda, hay muchas familias. Nos dijeron que a cualquier persona que viéramos en la calle la iban a matar, fuera familiar o no”, recuerda este joven afrodescendiente.

Su historia se repite en muchas otras. Según un informe de ProLAC, una iniciativa de recolección de datos sobre movilidad apoyada por la Unión Europea, el 45 % de los hombres entre 18 y 35 años alcanzados por el monitoreo reporta haber sido víctima de intimidaciones por parte de grupos criminales. En Ecuador, esa cifra asciende al 69 % entre los hombres afrodescendientes de la misma edad.

“Yo no era parte de una banda, pero algunos familiares míos sí. Aquí todos se conocen, los de las bandas me conocen”, cuenta Manuel. “En 2023 me amenazaron. Decían que, como yo soy de esa familia, yo era el sapo”.

Las bandas criminales usan el territorio como base de operaciones. Según Manuel, allí esconden armas, guardan drogas y hasta llevan personas secuestradas. El barrio, dice, se convierte en una especie de cuartel dentro del conflicto armado interno que vive Ecuador.

En Socio Vivienda, explica, las bandas estaban separadas apenas por una cuadra. Cuando recién llegaron al sector, todos se llevaban bien y los líderes de cada agrupación incluso mantenían reuniones. Pero con el tiempo la convivencia se rompió. “Todo cambió porque empezaron a voltearse”.

Manuel llama “voltearse” a cambiar de bando: traicionar a la banda de origen para pasarse al grupo rival. Cuando eso ocurre, explica, comienzan las amenazas y los desplazamientos.

“Desde 2020 comenzó todo eso”, recuerda. “Hay gente que ve bonito meterse en la banda porque se visten bien. Pero cuando tú entras, solamente hay dos opciones: cárcel o muerte. De ahí solo sales muerto”.

Amenazas en las escuelas

El Monitoreo Regional sobre Movilidad Humana de ProLAC también revela que el 47 % de las personas consultadas consideran que su familia corre riesgos en el lugar donde vive debido a intimidaciones o amenazas con violencia.

Si se revisa el panorama por provincias, las causas del desplazamiento cambian. Carchi, Esmeraldas, Manabí, Guayas y El Oro aparecen en el reporte como territorios donde la población ha tenido que huir por riesgo de extorsión, robo, asesinatos y reclutamiento de menores de edad.

El informe de la Defensoría del Pueblo también ubica a las escuelas como espacios donde se producen amenazas. El 18 % de los hogares con niñas, niños o adolescentes que asisten regularmente a centros educativos reportaron algún tipo de incidente de seguridad en la escuela.

El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) registró el primer caso de desplazamiento forzado interno en 2022. La casa de una defensora comunitaria, que también era sede de su organización, recibió impactos de bala. En medio de amenazas, la mujer dejó Guayaquil y se refugió en otra provincia, recuerda Billy Navarrete, representante del CDH.

Navarrete señala que, en términos de derechos humanos, el Gobierno nacional debe reconocer formalmente la situación de desplazamiento forzado interno. Ese reconocimiento permitiría crear políticas públicas para mitigar sus efectos.

La ONG acompañó a la población de Socio Vivienda desde la masacre y registró otras diez muertes en los quince días posteriores a la jornada en la que fueron asesinadas veintidós personas, tras la fragmentación de una organización criminal que operaba en el sector.

En la primera semana se desplazaron cerca de doscientas familias.

La Defensoría del Pueblo y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas activaron un formulario virtual para registrar a las víctimas, tomando como referencia el sistema utilizado en Colombia. Una orden judicial presentada por el CDH dispuso la creación de la Mesa Interinstitucional para el Desplazamiento Forzado el 29 de junio de 2025.

Desde entonces se han realizado ocho sesiones que permitieron registrar a treinta familias, aunque muchas de ellas todavía no reciben atención estatal. Es solo una parte de la crisis humanitaria que dejó la violencia en Socio Vivienda.

Mirada en el Concejo Cantonal de Guayaquil 

Navarrete considera que la ordenanza sobre movilidad humana que tramita el Concejo Cantonal de Guayaquil debería incluir el desplazamiento interno. “Es un fenómeno de vulneración de derechos en el ámbito de la movilidad humana”.

Las agencias de Naciones Unidas ya brindan apoyo en la ciudad, pero sigue siendo difícil contar con albergues para las familias que deben abandonar sus domicilios.

Socio Vivienda es hoy un territorio donde aún se siente la desolación, asegura Navarrete, quien visitó el sector el viernes pasado durante una misión humanitaria. Aun así, muchos conservan la esperanza de volver.

Esa misma esperanza mantienen Manuel y Daniel mientras juegan con el pequeño niño, que todavía no sabe que aquella noche de marzo de 2025 se salvó de la muerte.