Éxodo por la violencia: El desplazamiento forzado desangra a Ecuador

Javier cruzó el Tapón del Darién con su hija Belén para escapar de una banda criminal que los había amenazado durante un año en Ecuador. Antes dejaron su casa, su trabajo y su vida en Guayaquil. Pensaron que esconderse en Manabí sería suficiente, pero los hombres que los perseguían los encontraron. Uno de ellos desarrolló una peligrosa obsesión con la joven.

Ahora viven en Estados Unidos. Javier extraña la comida del sur de Guayaquil y se dedica, sobre todo, a limpiar hoteles. No tiene documentos que legalicen su estancia en el país norteamericano. Intentaron salir de Ecuador en dos ocasiones. Desde El Salvador, Belén y Javier fueron deportados. Cruzaron el Darién para poner distancia entre ellos y sus captores.

Prolac, Iniciativa de Gestión de Protección para América Latina y el Caribe, advierte que cada vez más ecuatorianos buscan protección internacional.

En 2024, de 202 hogares en situación de movilidad encuestados, el 13 % solicitó asilo. En 2025 participaron 1.183 hogares y el 27 % solicitó protección internacional. En 2026 se han registrado 119 hogares y el mismo porcentaje, 27 %, ha pedido este derecho humano.

La tendencia es clara: cada vez más personas buscan salir del país para escapar de la violencia.

No se trata de una historia aislada. Un reporte del Comité de Estados Unidos para Refugiados y Migrantes señala que, entre enero y octubre de 2024, más de 80.000 ecuatorianos fueron desplazados internamente como resultado de la violencia armada. El Comité denuncia también que los ecuatorianos son la segunda población más grande que cruza la peligrosa ruta del Tapón del Darién.

“Debido a que actores criminales han infiltrado las agencias de aplicación de la ley de Ecuador, los ecuatorianos amenazados por los carteles carecen de una opción segura de reubicación interna”, reza el documento.

El informe también enumera datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de Estados Unidos, que revelan un marcado aumento en los encuentros con ecuatorianos, en consonancia con los cambios en la seguridad.

Las calles de Guayaquil guardan ecos de estas realidades. Maritza pensó que tras abrir su negocio de ropa, sus preocupaciones serían sencillas: mantenerse al día con la moda, ajustar los precios y atender a los clientes que entraban desde la calle polvorienta de la ‘Entrada de la Ocho’, en el noroeste de la ciudad. No imaginó que la contabilidad incluiría otra cifra fija: la extorsión.

Las amenazas comenzaron con mensajes y luego con visitas. La banda criminal Los Tiguerones exigía doscientos dólares mensuales, denuncia.

“Pagábamos puntualmente. Al final fueron mil dólares. Pero hubo meses bajos… ya no podíamos seguir”, recuerda. En febrero de 2024 decidió denunciar. Dos meses después, en abril, salió del país. “Nos dijeron que iban a poner una bomba. A mi esposo lo amenazaron con robarle y después con matarlo. Eso duró casi un año”.

En la Policía le aseguraron que se encargarían del problema, que los responsables ya estaban identificados. Maritza llevó impresos los mensajes, las pruebas, la hoja donde se leía la advertencia. Le dijeron que no era la única, pues otras personas también habían denunciado.

Pero las acciones nunca llegaron, asegura. En cambio, la violencia escaló. Su suegra, que tenía otro negocio en la zona, fue encañonada con una pistola. La amenaza dejó de ser verbal e impresa y se volvió aún más real.

Hoy, Maritza y su esposo viven en Estados Unidos. Tienen permisos de trabajo y una solicitud de asilo pendiente. Esperan una respuesta mientras reconstruyen su vida.

Según un informe de la Defensoría del Pueblo, Ecuador carece de un sistema integral para registrar, atender y proteger a las víctimas del desplazamiento interno forzado. Más de 248.000 personas mayores de 15 años cambiaron su lugar de residencia debido a la violencia. Entre 2022 y 2024, alrededor de 316.000 personas fueron desplazadas forzosamente.

Quienes huyen son, en su mayoría, niños, mujeres, adolescentes y adultos mayores. Escapan de amenazas de muerte, extorsiones, reclutamiento forzado o del asesinato de un familiar.

Las balaceras llegan sin aviso. Nadie sabe con certeza a quién van dirigidos, pero los disparos terminan cayendo sobre el mismo lugar: la gente del barrio. Ese clima de incertidumbre empujó a Ximena, líder barrial de un populoso sector del sur de Guayaquil, a solicitar asilo.

“No solo vienen a atacar al otro grupo con el que quieren pelear para apoderarse del territorio. La comunidad termina involucrada. Por eso tomé esta decisión”, le confiesa a EXTRA. Habla desde otro barrio, donde decidió refugiarse mientras, en su comunidad de origen, “llueve plomo” sobre las casas que la vieron crecer.

En esas calles organizaba las fiestas de Navidad, las mingas solidarias y los ‘peloteos’ de fútbol al caer la tarde. Hoy, el parque del sector ya no es un lugar de encuentro.

“Ya han sido siete hechos violentos y hemos tenido heridos. Nos sentimos desprotegidos. En diciembre de 2025 hubo un fallecido y una niña de siete años resultó herida”, relata. Un paseo por el parque puede terminar en una escena de muerte.

Recuerda con precisión el día en que el miedo dejó de ser una noticia lejana. “En octubre de 2024 viví la peor pesadilla de mi vida. Las balas llovían de un lugar a otro y yo no sabía dónde ir”. Las víctimas, insiste, no tienen relación con actividades ilícitas. Son vecinos, familias, niños que juegan en la calle.

La situación ha comenzado a generar nuevas preguntas jurídicas sobre el derecho al asilo. El abogado Julián Pérez, con amplia experiencia en estos casos, explica que existen mecanismos regionales. “Una persona podría solicitar asilo por situaciones de violencia generalizada contempladas en la Declaración de Cartagena”, señala.

Explica que el reconocimiento puede darse bajo el mandato del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, cuando los Estados no otorgan directamente la protección. “Son personas que son reconocidas bajo el mandato del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y que suelen ser enviadas a otro país”.

La Convención sobre el Estatuto de los Refugiados establece que una persona refugiada es aquella que tiene un fundado temor de persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social u opiniones políticas.

También se puede recurrir a instrumentos regionales como la Declaración de Cartagena. Luego habrá que ver si los Estados deciden aplicarlos, advierte.

Mientras el debate jurídico sobre el asilo continúa, Ximena piensa en el barrio que dejó atrás. Un lugar donde antes los niños corrían por el parque, jugaban fútbol hasta que caía la tarde y los vecinos se reunían en las mingas del sector. Hoy ese espacio ha quedado marcado por las balaceras.

“Tenemos menos libertad. La gente pasa encerrada con sus hijos”, dice. En su comunidad, nadie sabe cuándo volverán a caer las balas. Y muchos vecinos ya no piensan en quedarse, sino en irse.