Para Martín (nombre protegido), trabajar tranquilo en su negocio dejó de ser algo normal y pasó a ser una bendición. Él se sorprende de cómo las cosas cambiaron en Pascuales, parroquia urbana de Guayaquil, donde tiene un puesto de comida. Cada día se pregunta si también será víctima de la famosa modalidad de extorsión a la que llaman ‘vacuna’.

El hombre vende ‘jama’ cerca de un asadero de las calles Shushufindi y Limoncocha. En ese local se produjo un estallido la madrugada del 8 de julio pasado, y casi un mes después, el 6 de agosto, su propietario fue asesinado por motorizados.

Datos policiales preliminares relacionaban el crimen con un robo. Pero la explosión tuvo que ver con la exigencia de dinero al comerciante por parte de criminales. Es decir, el asunto está al puro estilo del narcotraficante Pablo Escobar en la Colombia de los años 80: plata o plomo.

Martín dice que a él “hasta ahora y gracias a Dios” no le han pedido billete, como ahora acostumbran los pillos a cambio de no hacerles daño y ‘protegerlos’. “Pero estamos con ese temor de que podrían venir a hacerlo”, comenta.

Mientras ruega no terminar como su vecino ha tomado la decisión de cerrar más temprano. “Antes me quedaba hasta las 18:30, pero ahora antes de las 17:00 estoy cerrando”, cuenta. No ha pensado en cerrar definitivamente, pero se plantea esa alternativa si es que llegan a amenazarlo.

Al dueño de un bazar tampoco se le han aparecido malandrines a reclamarle dinero. Se muestra menos ‘paniqueado’ que Martín. Según él, los delincuentes “se le cargan” a los negocios que generan más ganancias, algo que en su caso no sucede.

No niega que le preocupa lo que pasa a su alrededor. Pero afirma sentirse más tranquilo con el estado de excepción que rige en la zona 8 (Guayaquil, Durán y Samborondón) hasta el 14 de septiembre.

“Con eso, los militares y policías andan dando rondas, la zona está un poco más calmada”, manifiesta. De todas maneras, “por si las moscas”, antes de las 19:00 ya se ‘guarda’.

Una mujer de una vivienda aledaña acota que el entorno estuvo fregado en esos días que pasaron luego del estallido y antes del crimen en el asadero. Por eso nadie se confía. Ella y los otros dos ciudadanos hablaron brevemente. Otros guardan silencio. Un silencio que revela el miedo.

Al pasar por este y otros puntos de Pascuales lo que se observa es similar: locales abiertos, pero que cierran temprano, otros que ya no abren y la preocupación ante el paso de motorizados.

En el recorrido realizado por el equipo de EXTRA se notó que vehículos y motos policiales rondaban las zonas cercanas al lugar del estallido del 8 de julio. Un alivio para los habitantes, aunque se preguntan qué pasará cuando finalice el estado de excepción y, quizá, patrullen menos.

POLICÍA PIDEN QUE DENUNCIEN 

El coronel Fabary Montalvo, subjefe policial de la zona 8, indica que “las unidades de inteligencia se encuentran verificando, según las pocas denuncias (de extorsiones) que la ciudadanía ha puesto directamente en la Policía”.

Explica que para intervenir de mejor forma es necesario que la gente denuncie y aporte datos al respecto, ya sea con la Fiscalía o directamente a la Policía. Ambas entidades garantizan la reserva de identidad.

Sobre los implicados, revela que “son personas de cada sector que quieren apoderarse del territorio”.