Cámara de Industrias alerta riesgos por intervenciones como la emprendida contra GRANASA
La Cámara de Industrias y Producción (CIP) cuestiona la intervención estatal y advierte sobre posibles riesgos jurídicos con este tipo de procedimientos
GRANASA sostiene que modificar el libro de acciones y accionistas de la empresa, como lo pretende la Superintendencia, sería cometer un delito.
Las claves del caso
- CIP advierte riesgos a la propiedad privada por intervenciones estatales.
- Intervención a diarios EXPRESO y EXTRA cumple dos meses bajo alerta gremial.
La Cámara de Industrias y Producción (CIP) ha manifestado formalmente su preocupación, a través de sus canales oficiales, respecto a intervenciones de la Superintendencia de Compañías como de la que es víctima Gráficos Nacionales S.A. (GRANASA).
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La empresa, que es la casa editora de los diarios EXPRESO y EXTRA, se encuentra bajo esta medida administrativa desde el pasado 18 de febrero de 2026. El gremio productivo enfatizó que "la seguridad jurídica, la libertad de empresa y el respeto a la propiedad privada son fundamentales para el desarrollo del Ecuador".
El origen de la medida estatal contra la editorial
La intervención fue ejecutada por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, bajo la dirección de Luis Cabezas-Klaere, tras una solicitud de Inmobiliar (Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público).
El argumento para esta decisión fue que la empresa supuestamente no entregó información requerida por dicha secretaría. No obstante, el conflicto tiene antecedentes en 2025, derivados de señalamientos por presunto fraude tributario y lavado de activos.
Posteriormente, el organismo de control alegó irregularidades en la trazabilidad de la transferencia de un paquete accionario entre Veranera e Ingrid Martínez. Por su parte, la editorial ha denunciado públicamente que esto es un intento de control estatal sobre el 40 % de sus acciones mediante un liquidador.
GRANASA es la empresa editora de los diarios EXPRESO y EXTRA.
Acciones judiciales por presunto prevaricato
En medio de esta disputa, el 21 de abril en Guayaquil, GRANASA presentó una denuncia por presunto prevaricato contra el juez Carlos Cristóbal López Vulgarín.
Según la defensa de la compañía, el magistrado resolvió una acción de protección que era "manifiestamente improcedente, al tratarse de un conflicto de naturaleza patrimonial y no constitucional".
La CIP recalcó en su comunicado que los procesos de control no deben utilizarse para "incidir en la gestión de actividades propias del ámbito privado". El gremio fue enfático al señalar que "la ley es clara y su aplicación no admite distorsiones".
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La portada en blanco de EXTRA, bien acogida entre distribuidores y lectores.
Llamado al respeto de la Constitución
Para los industriales, este tipo de acciones estatales no deben convertirse en herramientas para "redefinir estructuras accionarias ni para incidir en el control de las compañías". Alertaron que este proceder "no solo vulnera la finalidad de la Ley de Compañías, sino que compromete la imparcialidad institucional y abre la puerta a posibles desviaciones de poder".
Finalmente, el gremio solicitó que las autoridades actúen con neutralidad y que "la autoridad de control se ajuste estrictamente a la Constitución y a la ley". Aseguraron que solo así se podrá garantizar un entorno de certeza y respeto a la iniciativa privada, pilares que consideran esenciales para la democracia.