Caso exconcejal de Santo Domingo: así se configuró la tentativa de asesinato por la que es requerido

La localización del exconcejal de Santo Domingo Miguel Eduardo Morocho Rodríguez en territorio colombiano, cuando intentaba continuar su huida hacia Venezuela, solo confirmó lo que la justicia ecuatoriana ya había advertido meses antes: existía un riesgo real de fuga dentro de un proceso penal por tentativa de asesinato, sustentado en pericias, versiones coincidentes y un rastro probatorio que lo vincula directamente con un ataque armado que casi termina en una muerte.

De acuerdo con el acta de la audiencia de fundamentación del recurso de apelación, celebrada el 14 de noviembre de 2025 en la Corte Provincial de Justicia de Santo Domingo de los Tsáchilas, Morocho es procesado junto con José Ignacio Peñafiel Plúa por el ataque ocurrido el 5 de marzo de 2025 contra Washington Vasco, dirigente vinculado a la Cooperativa de Transportes Zaracay. 

(Te invitamos a leer: Alias Marino: Los viajes a Dubái, su red narco en puertos y la organización criminal que lo silenció)

Ese día, la víctima fue interceptada por un taxi, desde el cual un individuo realizó tres disparos con arma de fuego, causándole heridas que, según el examen médico-legal, provocaron una incapacidad de entre 31 y 90 días y pusieron en riesgo su vida.

El vehículo y las cámaras de seguridad

La investigación policial estableció que el vehículo utilizado fue un taxi de la compañía San Marco, identificado con número 26, disco 8, cuyo conductor era Peñafiel Plúa. 

(Además: Coronel denunciado por abuso sexual en Quito: el mensaje de WhatsApp que le envió la víctima)

Cámaras de seguridad captaron la participación del automotor en el hecho violento. La versión de la víctima señala como responsables directos a Morocho y Peñafiel, mientras que un testigo clave indicó que el conductor del taxi trabajaba directamente para el entonces concejal. Esa relación laboral fue ratificada por otros testimonios incorporados al expediente.

Supuesto contrato para asesinato

Uno de los elementos más sensibles del caso es una pericia de audio extraída de un dispositivo electrónico, que —según expuso la Fiscalía y fue valorado por el Tribunal— supuestamente sugiere a Miguel Morocho contratando a otra persona para asesinar a la víctima. 

A esto se suma la declaración de la esposa de Vasco Castro, quien relató discrepancias previas entre su esposo y Morocho por la administración de la cooperativa de transporte, de la cual ambos eran socios, en un contexto marcado por procesos electorales internos.

Se intentó anular el proceso contra el exconcejal

Durante la audiencia, la defensa de Morocho intentó anular el proceso alegando fuero de Corte Provincial, al sostener que, por su condición de concejal, debía ser juzgado en otra instancia. Sin embargo, la Sala fue enfática: el fuero no aplica cuando se trata de delitos comunes no relacionados con el ejercicio de funciones públicas. En consecuencia, la nulidad fue negada. 

El Tribunal también confirmó que la prisión preventiva era necesaria, al verificarse tanto el peligro de fuga —consumado con la salida del país el 9 de septiembre de 2025 por Tulcán y Pasto— como el riesgo de obstrucción de la actividad probatoria.

Finalmente, por unanimidad, la Corte Provincial rechazó el recurso de apelación presentado por los procesados y confirmó la prisión preventiva, al considerar que se cumplían los numerales 1, 2 y 3 del artículo 534 del COIP.