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Diario Extra Ecuador

Caso Malvinas: la reacción del Ministerio de Defensa tras la sentencia de la Corte Constitucional

Defensa afirma que cumplirá la sentencia de la Corte Constitucional sobre el caso Malvinas, que reconoce desaparición forzada de cuatro menores en Guayaquil

Recreación: en el caso Malvinas, se concluyó que hubo desaparición forzada.

Recreación: en el caso Malvinas, se concluyó que hubo desaparición forzada.ChatGPT

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El Ministerio de Defensa de Ecuador reaccionó hoy, martes 10 de marzo de 2026, a la sentencia de la Corte Constitucional sobre el llamado caso Malvinas, que declaró que cuatro menores detenidos por militares en 2024 fueron víctimas de desaparición forzada.

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La institución confirmó que acatará el fallo del máximo tribunal constitucional, el cual ordena varias medidas de reparación para las familias de las víctimas, entre ellas disculpas públicas y compensaciones económicas.

“En relación con la sentencia de la Corte Constitucional, se dará cumplimiento a lo dispuesto en el tiempo establecido”, señaló el departamento de Comunicación del Ministerio de Defensa en un breve mensaje dirigido a periodistas.

La respuesta oficial se produjo horas después de que la Corte hiciera pública la resolución que analiza el caso de Ismael Arroyo (15 años), Josué Arroyo (14), Saúl Arboleda (15) y Steven Medina (11), adolescentes que fueron detenidos por militares en el sur de Guayaquil y cuyos restos fueron encontrados días después.

¿Qué determinó la Corte Constitucional sobre el caso Malvinas?

En su sentencia, el alto tribunal concluyó que los menores fueron privados de la libertad de manera ilegal, arbitraria e ilegítima por patrullas militares.

De acuerdo con el fallo, el Estado tampoco proporcionó información clara ni inmediata sobre la detención de los adolescentes ni sobre su paradero, lo que configuró la figura de desaparición forzada.

Familiares y allegados exigían justicia por el caso Malvinas.

Familiares y allegados exigían justicia por el caso Malvinas.ARCHIVO

El caso llegó a la Corte Constitucional mediante una acción extraordinaria de protección presentada por los familiares de las víctimas. Los jueces determinaron que, durante el proceso judicial previo, se vulneró el derecho al debido proceso, específicamente en la garantía de motivación, porque las autoridades judiciales no analizaron de forma integral los hechos denunciados.

Por ese motivo, el tribunal dejó sin efecto el fallo de apelación que había revocado previamente un hábeas corpus que reconocía la desaparición forzada de los menores.

¿Qué ocurrió la noche de la detención?

Según los antecedentes del caso, los cuatro adolescentes fueron detenidos la noche del 8 de diciembre de 2024 por dos patrullas militares en los exteriores de un centro comercial del sur de Guayaquil, cerca del barrio Las Malvinas, donde residían.

Tras su detención, los militares los trasladaron hacia Taura, una localidad ubicada a unos 40 kilómetros de la ciudad y cercana a una base de la Fuerza Aérea.

De acuerdo con las investigaciones judiciales, en ese lugar los menores habrían sido golpeados, torturados, obligados a desnudarse y posteriormente abandonados.

Días después, los restos calcinados de los adolescentes fueron hallados en una zona de manglar cercana. Las autopsias determinaron la presencia de impactos de bala en al menos tres de las víctimas.

Las medidas que ordena la sentencia

La resolución de la Corte Constitucional establece varias acciones que el Estado debe cumplir como parte de la reparación integral a las familias.

Entre ellas se incluyen:

  • Disculpas públicas por parte del comandante de la Fuerza Aérea, en un plazo máximo de dos meses
  • Indemnizaciones económicas para los padres de cada uno de los menores
  • Reformas a protocolos internos y posibles ajustes legales para evitar casos similares
  • La declaración del 8 de diciembre como día de memoria en honor a los niños

Condenas a militares por el caso

El proceso penal paralelo también dejó sentencias. El 22 de diciembre, un tribunal declaró culpables a dieciséis de los diecisiete militares procesados por el delito de desaparición forzada.

Las penas impuestas van desde 30 meses hasta 34 años y ocho meses de prisión, según la responsabilidad determinada en el caso.

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