Caso Triple A: Audiencia contra Álvarez, en duda por pedidos de nulidad y diferimientos

La audiencia de juicio del denominado caso Triple A, en el que figura como procesado el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, junto a otras 21 personas naturales y jurídicas, enfrenta un panorama incierto. En los días previos a su convocatoria, varias defensas han presentado solicitudes de diferimiento, nulidad y otros requerimientos que podrían impedir su instalación.

Uno de los pedidos fue ingresado por César Emilio Bravo Ibáñez, representante de la empresa Fuelcorp S.A., quien reiteró una solicitud de nulidad planteada en diciembre de 2025. El argumento central es la supuesta falta de competencia de la jueza Consuelo Tapia Guerrón para integrar el Tribunal de juzgamiento.

Cuestionamientos a la conformación del Tribunal

Según Bravo, hasta la fecha no se ha entregado el acta del sorteo mediante el cual el proceso fue asignado a la jueza Tapia, quien reemplazó al juez anticorrupción Carlos Serrano. Este último abandonó el país tras denunciar presiones para fallar a favor de un narcotraficante serbio. La defensa sostiene que, mientras no se incorpore formalmente ese documento, la conformación del Tribunal debe ser anulada.

A estos cuestionamientos se suman escritos presentados entre el 28 y el 30 de enero por otros procesados. Olga Cecilia Ortega Loaiza y Edgar Moisés Flores Torres alertaron que, a menos de 24 horas de la audiencia, el Tribunal no ha resuelto un pedido relacionado con la rectificación de dependencias judiciales en Cariamanga y Machala, desde donde podrían comparecer de forma telemática.

Cambios en la Fiscalía y reclamos por acceso al expediente

Otro recurso fue presentado por el abogado Iván Lara Naranjo, defensor de Jessenia Monserrate Vélez Orellana y Lady Juliana Cedeño Toala. El jurista solicitó copias certificadas de audios, transcripciones y grabaciones de las audiencias previas, alegando que asumió recientemente la defensa y necesita revisar íntegramente el expediente para ejercer una defensa técnica adecuada.

En paralelo, la Fiscalía General del Estado volvió a cambiar al fiscal del caso, sumando el tercer relevo desde el inicio del proceso. Tras la actuación de Carlos Alarcón y Dennis Villavicencio, actualmente la causa está en manos de la fiscal Ruth Amoroso.

Desde la parte acusadora, Sebastián Jaramillo Freire, abogado de la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCH), pidió que se garantice la instalación de la audiencia y que se rechacen los recursos que tengan fines dilatorios. La ARCH actúa como denunciante y víctima dentro del proceso.

La expectativa ahora se centra en la decisión del Tribunal frente a los pedidos pendientes y en si el juicio será finalmente diferido, prolongando un proceso que ya ha estado marcado por constantes controversias.

Posturas enfrentadas sobre las pruebas y el trasfondo del caso

Para esta etapa, la Fiscalía y la ARCH anunciaron la presentación de al menos 185 pruebas para sustentar la acusación. La Fiscalía sostiene que existió una estructura empresarial dedicada a la comercialización ilegal de combustibles y señala, entre otros elementos, que la empresa Ternape no habría justificado el destino de 10.000 galones de diésel para embarcaciones.

La defensa de Aquiles Álvarez rechaza estas acusaciones. Su abogado, Ramiro García, aseguró que nunca ha solicitado diferimientos y afirmó que demostrará la inconsistencia del caso, señalando que su cliente no administra ni es propietario de gasolineras. Además, sostiene que todo el combustible es despachado por Petroecuador bajo pedidos formales y que las pericias coinciden en que no existe delito, atribuyendo el proceso a un trasfondo político vinculado a las tensiones con el Gobierno de Daniel Noboa.