Caso Triple A | El pedido del abogado de Aquiles Álvarez: ¿Transmitir el juicio en vivo?
La defensa del alcalde de Guayaquil plantea un pedido inédito ante el tribunal que juzgará el caso. Estos son los detalles conocidos
Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil, es investigado por presunto tráfico de combustible.
El inicio del juicio por el denominado Caso Triple A, previsto para el 24 de diciembre de 2025, suma un nuevo elemento al ya intenso debate judicial y político que rodea este proceso. La defensa del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, solicitó formalmente al Tribunal de Garantías Penales Especializado para el Juzgamiento de Delitos Relacionados con Corrupción y Crimen Organizado que la audiencia sea transmitida en vivo a través de plataformas digitales.
El pedido consta en un escrito presentado por el abogado Ramiro García. En el documento, la defensa recuerda que mediante providencia del 12 de diciembre de 2025 el Tribunal convocó a la audiencia de juzgamiento para los días 24, 28, 29 y 30 de diciembre. Posteriormente, el 19 de diciembre, esa convocatoria fue ratificada, junto con la integración temporal de una magistrada y la autorización para que algunos sujetos procesales y testigos comparezcan por vía telemática, usando la plataforma Zoom.
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A partir de esos antecedentes, el abogado sostiene que la causa reviste una “indiscutible relevancia pública y social”. No solo por la naturaleza de los hechos investigados (relacionados con presuntos delitos en el ámbito de los hidrocarburos y el posible desvío de combustibles), sino también por la calidad de uno de los procesados, que actualmente ejerce un cargo de elección popular. Según la defensa, ese contexto eleva el estándar de control democrático y de escrutinio ciudadano sobre el proceso.
El alcalde Aquiles Álvarez es uno de los procesados en la causa.
Lo que se señala en el escrito del abogado de Aquiles Álvarez
El escrito invoca de manera expresa el principio de publicidad en el proceso penal. Cita el artículo 5 numeral 16 y el artículo 562 del Código Orgánico Integral Penal, que establecen que los procesos y audiencias son públicos, salvo excepciones específicas que, según el abogado, no aplican a este caso. También se apoya en el artículo 168 numeral 5 de la Constitución, que dispone que los juicios y sus decisiones serán públicos en todas sus etapas.
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Uno de los ejes centrales del pedido es que la publicidad judicial no debe entenderse solo como el acceso físico a una sala de audiencias. La defensa plantea que, en causas de alto impacto, la transparencia exige mecanismos que permitan a la ciudadanía seguir el desarrollo del juicio de forma real y efectiva. Bajo ese argumento, la transmisión en vivo sería una extensión material del principio constitucional de publicidad.
¿Riesgo de interpretaciones en caso Triple A?
El abogado señala, además, que permitir la difusión íntegra de la audiencia contribuiría a fortalecer la confianza ciudadana en la Función Judicial y la legitimidad institucional de la decisión que adopte el Tribunal. A su criterio, una transmisión abierta también reduciría el riesgo de interpretaciones parciales o descontextualizadas sobre lo que ocurra durante el juzgamiento, en un proceso que ya concita atención nacional.
En su solicitud concreta, la defensa pide que se autorice la transmisión en vivo del juicio y que se dispongan las medidas técnicas y organizativas necesarias para garantizar que esa difusión no afecte el orden, la solemnidad ni el normal desarrollo de la audiencia. La decisión final queda ahora en manos del Tribunal, que deberá pronunciarse antes de la instalación del juicio, en un proceso que mantiene expectante tanto al ámbito judicial como al político del país.
