Crisis en la Judicatura de Ecuador: Renuncia directora de Transparencia tras denuncias de corrupción
La salida de Solanda Goyes ocurre en medio de acusaciones de irregularidades internas y una ola de renuncias que sacude al Consejo de la Judicatura
Tatiana Sampedro, directora de Transparencia del Consejo de la Judicatura de Ecuador
La inestabilidad golpea con fuerza al Consejo de la Judicatura (CJ). Solanda Goyes, quien se desempeñaba como directora de Transparencia de la institución, presentó su renuncia irrevocable, sumándose a una lista de bajas que evidencia una profunda crisis administrativa y ética en el organismo encargado de la justicia en Ecuador.
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La dimisión de Goyes no fue silenciosa. En su carta de salida, la exfuncionaria lanzó duras críticas sobre la gestión interna y alertó sobre la falta de compromiso en la lucha contra la corrupción dentro del sistema judicial. Según Goyes, existen obstáculos que impiden un control real sobre las irregularidades que permean la institución.
Denuncias de irregularidades
La salida de la directora de Transparencia ocurre en un contexto crítico, marcado por denuncias de presunto tráfico de influencias y manipulación de procesos internos.
Fuentes cercanas al organismo indican que el ambiente laboral se ha vuelto "insostenible" debido a las pugnas de poder entre los vocales y la falta de una línea clara de mando.
Goyes enfatizó que su decisión busca mantener su coherencia personal y profesional, dejando entrever que "no existen las condiciones mínimas para ejercer un control efectivo" sobre los procesos de transparencia que la ciudadanía demanda.
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Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura.
Una ola de renuncias que no para
Pero Goyes no es la única en dar un paso al costado. En las últimas semanas, el Consejo de la Judicatura ha enfrentado un incremento significativo en las renuncias de funcionarios de nivel jerárquico superior, lo que ha dejado vacantes en áreas estratégicas.
Esta desbandada ocurre mientras el país observa con lupa los concursos de selección de jueces y los procesos disciplinarios.
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Ante este escenario, sectores sociales y gremios de abogados han expresado su preocupación por la parálisis administrativa que podría sufrir la Judicatura.
El organismo, por su parte, no ha emitido un pronunciamiento oficial detallado sobre cómo cubrirá estas bajas o qué medidas tomará para frenar la percepción de corrupción que rodea a sus integrantes.