Los reclamos de Ramiro García, el abogado del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez

Tras la decisión del juez Jairo García de dictar prisión preventiva contra el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, su defensa técnica, liderada por el abogado Ramiro García, ha expresado un enérgico rechazo a la medida.

Para el jurista, el dictamen carece de sustento legal y se ha convertido en una herramienta punitiva antes de que exista una sentencia en firme.

La prisión preventiva como "forma de pena anticipada"

Una vez conocida la resolución judicial, Ramiro García denunció que la medida se aplicó de forma generalizada y sin rigor jurídico. 

"Sin ningún análisis individualizado del riesgo de fuga o de interferencia con las investigaciones en el proceso, el juez Jairo García dicta prisión preventiva en contra de todos los procesados", señaló el abogado, enfatizando que en este caso "se utiliza a la prisión preventiva como forma de pena anticipada".

García argumentó durante la audiencia que sustentar una detención basándose únicamente en la gravedad del delito contraviene los estándares internacionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

Según la defensa, la medida cautelar solo debería proceder si existiera un riesgo real de fuga o de obstaculización, condiciones que, asegura, no se cumplen en el caso del burgomaestre.

Cuestionamientos a las "150.000 páginas de chats"

Uno de los pilares de la queja de la defensa es la supuesta falta de solidez en los indicios presentados por la Fiscalía. Según García, la acusación por delincuencia organizada, lavado de activos y defraudación tributaria se sostiene principalmente en una pericia de conversaciones de WhatsApp, un informe policial y una denuncia anónima.

El abogado explicó que estas comunicaciones corresponden a dispositivos entregados por un denunciante en 2021, resultando en un expediente de 150.000 páginas. 

Sin embargo, García sostiene que estos textos reflejan únicamente "diálogos habituales entre directivos y personal administrativo de empresas" y no actividades ilícitas vinculadas a la comercialización irregular de combustibles. 

"No hay solidez en los indicios", afirmó, insistiendo en que la Fiscalía no ha presentado documentos, montos ni movimientos financieros que evidencien el lavado de activos.

El argumento del "Caso Triple A" y el arraigo del Alcalde

Otro reclamo central de Ramiro García es que este proceso podría vulnerar el principio de no ser juzgado dos veces por la misma causa (non bis in idem). El defensor señaló que el Caso Goleada se relaciona con los mismos hechos ya investigados en el denominado Caso Triple A, y que la Fiscalía no habría aportado elementos nuevos que sustenten una causa distinta.

Respecto al riesgo de fuga, la defensa destacó que Aquiles Álvarez cuenta con un arraigo evidente que el juez habría ignorado:

Contexto del Caso Goleada y el operativo

La Fiscalía, por su parte, sostiene que investiga un "entramado societario complejo" que habría corrompido a funcionarios y evadido controles estatales para el comercio ilícito de combustible. Basándose en cerca de 20 elementos de convicción, solicitó la prisión para "neutralizar riesgos procesales".

Este escenario legal se ve agravado por el testimonio de Fiorella Icaza, esposa del alcalde, quien calificó el operativo inicial como una violación a los derechos de su familia. Icaza relató que agentes encapuchados le apuntaron con un fusil a la cabeza a las 4:20 a.m. frente a sus hijos pequeños y cortaron el internet de su domicilio para aislarlos. 

"Realmente tenemos más de un año viviendo una persecución que ya es insostenible", sentenció Icaza en el video que acompaña las denuncias de la defensa.