Gustavo Petro apuesta por radares de alta tecnología ante la crisis comercial con Ecuador

En medio de una escalada de tensiones diplomáticas y comerciales, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha tomado una determinación técnica para intentar frenar el flujo de estupefacientes en el cordón fronterizo. 

El mandatario ordenó instalar un radar en la frontera con Ecuador para detectar envíos de drogas, específicamente en la zona de Ipiales, con el fin de realizar un seguimiento exhaustivo de aeronaves vinculadas a organizaciones criminales.

Petro justificó esta medida al señalar que la dinámica del tráfico regional ha mutado, afirmando este 3 de marzo que la exportación de alcaloides "es cada vez más ecuatoriana". Bajo esta premisa, el líder colombiano instó a su homólogo Daniel Noboa a robustecer la vigilancia en sus nodos logísticos para contener el envío de sustancias ilícitas hacia el exterior.

A pesar de la sofisticación técnica que supone el nuevo dispositivo, el jefe de Estado reconoció las limitaciones del monitoreo aéreo frente a la complejidad del terreno. 

“He ordenado poner un radar moderno en Ipiales para el rastreo de naves ilegales. Sin embargo el mayor problema es el paso por las selvas y los ríos. La vigilancia de las armadas de los dos países en el paso de los ríos es fundamental”, sentenció Petro, enfatizando que la tecnología debe ir acompañada de una cooperación militar efectiva en las cuencas hídricas que conectan a ambas naciones con el océano Pacífico.

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Para el gobierno colombiano, aunque se cuente con "radares modernos", la porosidad de la frontera sigue siendo el activo más valioso para los carteles. Las redes de narcotráfico continúan explotando los densos corredores selváticos para movilizar cargamentos hacia mercados internacionales, un desafío que, según Petro, requiere que Ecuador asuma una mayor responsabilidad en el control de sus propios puertos y aeropuertos.

Una respuesta a la guerra de aranceles

Este despliegue de seguridad ocurre en un contexto de fricción económica, donde Quito ha impuesto aranceles de hasta el 50% a productos colombianos bajo el argumento de una supuesta inacción de Bogotá en la lucha contra el crimen. 

Colombia, por su parte, respondió con tasas del 30% a diversos bienes agrícolas e industriales, restringiendo el paso terrestre de alimentos clave como el arroz y el banano.

La Comunidad Andina (CAN) ya ha manifestado su preocupación, advirtiendo que este choque de barreras comerciales pone en riesgo la integración del bloque.

Pese a los intentos de acercamiento desde finales de enero, las administraciones de Petro y Noboa no han logrado desactivar una crisis que mezcla la seguridad nacional con la supervivencia económica de los productores fronterizos.