El jueves 20 de octubre, el presidente de la República mediante decreto 1218 eliminó de la deuda pública $ 11.275 millones, para bajar el índice de endeudamiento con relación al PIB, del 38,4 % al 26,7 %, abriendo una puerta para seguir endeudando más aún al país.

En el citado decreto dispone que para la estimación de la deuda no se considerará la deuda agregada sino la deuda consolidada, que excluye las obligaciones del Estado con entidades públicas; es decir no considera como deuda los $ 7.657 millones que según el gobierno debe al ICES en bonos, la deuda a la Corporación Financiera y otras instituciones públicas.

Pero lo que me preocupa y debe alertarnos a los afiliados y jubilados es que este artificio contable que toma como base el Manual de Estadísticas de las Finanzas Públicas del FMI, sirva en un futuro próximo como justificativo para negar la deuda que tiene el gobierno con el ICES; como hicieron antes con la deuda de salud por enfermedades catastróficas y atención a jubilados, que según los artículos 10 y 103 de la Ley de Seguridad Social le corresponde al Estado, pero argumentaron, para no pagar, la falta de un reglamento a la ley, a pesar de que antes firmaron acuerdos de pago ministros de Finanzas del actual régimen.

Si no se contabiliza como pasivo, ¿cómo se registra en la contabilidad gubernamental? ¿Como activo? ¿Como patrimonio? Eso resultaría absurdo.

Además, el presidente Correa en repetidas veces ha manifestado que el IESS es del Estado.

¡Alerta, compañeros!

Celso Wellington Ríos Villafuerte