Hay extremos de corrupción en la U.

En la Universidad de Guayaquil, la más grande del país, que fuera intervenida en octubre del año 2018 por un plazo de 90 días (que se cumplió el martes pasado), ante los graves problemas que se han presentado en las investigaciones que se están llevando a cabo, el Consejo de Educación Superior (CES) decidió aumentar el tiempo de intervención a 2 años más.

Se espera que en este lapso se clarifiquen diferentes actos ilegítimos y, como tales, muy sospechosos, con sobreprecios en los trabajos de remodelación que se llevaron a cabo en los edificios de varias facultades de nuestra alma mater, sobre todo de Jurisprudencia y Medicina Veterinaria.

Estos pagos injustificados se dieron durante el rectorado del destituido ingeniero Galo Salcedo, pero también se anotan responsabilidades sobre la comisión interventora anterior que permitió se dieran dichas incorrecciones.

Otro problema que debe resolverse y que conlleva la misma gravedad, tiene que ver con la comprobación de la entrega de algunos títulos profesionales que fueron emitidos ilegalmente y sin sustento académico alguno en la Facultad de Derecho, llegando a 400 el total de tales títulos represados que, sumados a los existentes en otras facultades, alcanzan al alto número de 800.