Con la quiebra y el consecuente cierre de más de 2.500 empresas comerciales en el país, producto de la paralización de actividades a la que nos ha conducido la emergencia sanitaria, con miles de puestos de trabajo que se han perdido enviando a la desocupación a un gran número de empleados y trabajadores públicos y privados, la economía de millones de ecuatorianos apunta a condiciones de miseria.

Esta situación aumenta notablemente la ya grave iliquidez presupuestaria en que ha quedado el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), que ya había venido siendo afectado por políticas erradas del régimen anterior, como la supresión del 40 % de su aporte, a lo que hay que sumar la deuda de miles de millones de dólares que aún no paga el Ejecutivo. Así las cosas, 270 mil empleados que han sido despedidos han dejado de aportar al organismo de protección social, que hace poco tiempo había anunciado el proyecto de aumentar tales aportes, en pequeñas cantidades, para financiar el pago de los sueldos décimo tercero y décimo cuarto de los jubilados, lo que suponemos no se pondrá en ejecución ante la grave situación reinante y ante las protestas de los afiliados que aún quedan en el IESS.