Doce días y los habitantes de Guayaquil siguen ‘tirando pata’ o viajando apretados en baldes de camionetas desde sus lugares de trabajo para llegar a sus casas u otros destinos, todas las tardes, por la paralización parcial de los propietarios de buses urbanos, quienes esperan que las autoridades locales autoricen el alza del pasaje a 40 centavos.

Pero el Municipio porteño, que tiene la competencia del transporte público, le ha tirado la ‘pelotita’ al gobierno de Guillermo Lasso para que resuelva, no precisamente el precio que proponen los transportistas, sino la liberación del precio del diésel -decisión tomada en la administración de Lenín Moreno-, ya que, por el sistema de bandas, los precios de los combustibles varían cada mes.

Sin embargo, son los ciudadanos los que sufren las consecuencias de esta disputa, con el permanente peligro de contagiarse del COVID-19 al viajar apretujados en improvisados e inseguros transportes y que, en muchos casos, se aprovechan de la desesperación del usuario al cobrarle de 1 hasta 5 dólares para trasladarlo hacia las zonas periféricas del Puerto Principal.

No puede ser posible que el transporte público, una necesidad básica, no sea garantizado por las autoridades y que estas no se conmuevan al ver a la población movilizarse ‘a patada’.