Editorial: Impunidad para los abusadores sexuales

El conocimiento y la denuncia inmediata de un caso de abuso sexual por parte de un profesor contra un alumno menor en un centro particular de estudios en Guayaquil fue el inicio para que se investiguen situaciones similares ocurridas en otros planteles del país. Y se llegó al alarmante resultado de que durante un largo lapso se habían producido centenares de denuncias de supuestos acosos y abusos contra menores de edad sin que se hayan llevado a cabo las acciones judiciales correspondientes para sancionar penalmente a los corruptos abusadores.

La impunidad ha llegado a tal punto que los maestros o inspectores hallados culpables de tales delitos solo han recibido un castigo administrativo con la separación de sus cargos, permaneciendo en la impunidad por la falta de un castigo ejemplar por parte de las autoridades.

El Ministerio de Educación, que reaccionó luego de algunos años de la consumación de tan graves delitos, anunció la revisión de apenas 256 sumarios administrativos de docentes señalados en casos de abuso sexual durante 3 años. ¿Allí terminará todo sin que estos individuos sean llevados a prisión o se les impongan las multas que se han anunciado, por ejemplo, en casos de corrupción administrativa?