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Opinión
Editorial: El costo de la seguridad
La lucha contra el crimen no puede justificar un Estado que olvide sus propias leyes
El proyecto de ley contra la economía criminal, enviado por el presidente de la República a la Asamblea Nacional, divide al país y abre el debate entre quienes lo ven como una herramienta para debilitar a las organizaciones terroristas y quienes temen que sea una puerta abierta al populismo punitivo.
No está mal que desde el Ejecutivo se intente limpiar al país (una promesa desde la primera campaña electoral del actual mandatario) de la mancha sangrienta dejada por las extorsiones, muertes violentas, narcotráfico, minería ilegal y otros delitos. Pero debe hacerse bajo un marco legal que evite desproporciones y abusos, como ya ocurrió en algunos casos tras la declaratoria de conflicto armado interno a inicios de 2024, cuando la efervescencia del momento ocultó incluso garroteadas a gente inocente.
Todo lo relacionado con la protección a los ciudadanos, la incautación de bienes, el bloqueo de cuentas de criminales, la recuperación de zonas tomadas por bandas y más, será siempre bienvenido como parte de una solución integral contra la inseguridad, pero solo si se respetan principios fundamentales como el de la humanidad, y procedimientos legales como detenciones y allanamientos con orden judicial, para no contradecir el marco constitucional que garantiza los derechos de todos. La lucha contra el crimen no puede justificar un Estado que olvide sus propias leyes.