De muy poco sirvió el estado de emergencia dispuesto por el gobierno nacional para contralor o mitigar la grave crisis de seguridad por la que atraviesa el sistema carcelario en nuestro país.

La prolongación de un mes más de la presencia activa de militares de las Fuerzas Armadas no impidió que la corrupción y la violencia siguieran infiltrándose en las cárceles en donde activan y funcionan bandas criminales que promueven el cometimiento de delitos (asaltos y asesinatos) en diferentes ciudades mediante mensajes telefónicos enviados por los ‘capos’ que lideran peligrosos grupos que no solo promueven disturbios, sino que internamente cometen alevosamente crímenes contra otros reclusos.

Sin embargo de que el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) asignó la entrega de una cantidad de fondos para la reconstrucción de la infraestructura de unos centros carcelarios, la situación no se ha modificado. Y es sorprendente que sigan ingresando, para uso de los privados de la libertad, armas y celulares que, por supuesto, permiten ese caos que ya lleva un alto número de víctimas mortales y continuos intentos de fuga.

Se espera que con el cambio de gobierno se apliquen medidas más severas que ayuden a superar este estado caótico que impera en estos centros.