El alza del diésel, combustible que usa la transportación pública urbana en sus unidades, ha llevado a medidas de protesta que terminan afectando a la ciudadanía y que, contrariando cualquier plan para evitar aglomeraciones y tener el distanciamiento social, provoca caos en dicho sentido.

Guayaquil ha sido la más afectada por ello, pues desde la semana pasada los dueños de los buses han decidido paralizar sus labores a partir del mediodía. Es decir, salen normal en la mañana y a las 12:30 comienzan a guardar sus unidades.

El resultado: quienes se encuentran en la calle o deben movilizarse a cualquier lado no tienen otro remedio que tomar un taxi formal o ilegal y pagar dos o hasta tres veces más el valor normal de una carrera. Peor aún: a la hora de salir de sus trabajos miles de ciudadanos caminan kilómetros. Y mucho más riesgoso todavía, por necesidad cientos más se ven obligados a subirse en camionetas o furgonetas que, aprovechando la falta de buses, se ofrecen a cubrir ciertas rutas, llenando sus carros de gente, sin control de distanciamiento social y con el COVID ‘jugando al pepo’.

El alza viene dándose desde mayo del 2020, por decisión del Gobierno de regular el precio según el mercado internacional. Entonces costaba 1 dólar, pero al subir entre 4 y 6 centavos cada mes ha llevado a que su precio llegue, actualmente, a $ 1,48.