Caso Caja Chica: el show político que no cambia la vida del ciudadano

El ruido político que rodea al denominado caso Caja Chica ha generado indignación, acusaciones cruzadas y una fuerte polarización. Sin embargo, más allá del impacto mediático, el debate vuelve a exponer un problema estructural: el sistema de financiamiento de campañas y la aplicación discrecional de los controles, mientras el ciudadano sigue sin ver respuestas a las problemáticas

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Así lo advierte el analista político y subdirector de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, Marcelo Espinel, quien considera que el país está siendo empujado a una discusión parcial que deja fuera el fondo del problema y, sobre todo, a la gente.

Un sistema que no previene ni controla

Para Espinel, el origen del conflicto no está únicamente en las denuncias actuales, sino en un modelo incapaz de prevenir, detectar y sancionar la infiltración de economías ilícitas en la política.

“Un sistema que no tiene la capacidad de controlar el financiamiento termina afectándonos gravemente como país”, sostiene. A ello se suma, dice, una institucionalidad que aplica la norma de manera selectiva.

“El incumplimiento de los reportes de ingresos y gastos de campaña no ha sido solo de la Revolución Ciudadana. Incluso ADN, hasta el día de hoy, no ha cumplido con sus obligaciones de transparentar adecuadamente quién financió sus campañas”, afirma.

Desde su análisis, cuando la autoridad electoral investiga a unos y omite a otros, se promueve un escenario de persecución política que termina alimentando un “show” permanente, en el que los ciudadanos observan cómo se señala a una sola organización.

Caso Caja Chica

En este caso se indagan presuntas irregularidades en el financiamiento de campañas políticas en 2023. La causa se abrió a partir de denuncias reservadas y derivó en allanamientos a domicilios y oficinas vinculadas a exfuncionarios y colaboradores políticos, principalmente relacionados con la Revolución Ciudadana. 

La hipótesis fiscal apunta a la existencia de una estructura paralela de financiamiento no reportada ante el Consejo Nacional Electoral.

Economías ilícitas y violencia política

Espinel advierte que el debate se ha reducido a una narrativa específica, mientras se deja de lado un problema más amplio. “¿Cómo se puede descartar que movimientos locales no hayan recibido dinero del minero ilegal de turno?”, cuestiona, al señalar que la debilidad de los controles abre la puerta a múltiples formas de financiamiento ilícito.

En ese contexto, vincula el tema con la escalada de violencia política. “Cuando se empieza a asesinar a políticos, candidatos o incluso registradores de la propiedad, existen vínculos claros con el crimen organizado”, afirma, y añade que esos hechos podrían estar relacionados con el origen de los recursos que financiaron campañas.

“Circo al pueblo”

Ese desgaste también se percibe en la calle. Cristian Maruri, psicólogo organizacional de 46 años, observa el escenario actual con una mirada histórica. Ha vivido gobiernos de distintas tendencias y crisis profundas.

“¿Existe un beneficio de este show? Sí existe. A la gente le gusta el chisme, el morbo, el enfrentamiento. Eso es circo al pueblo”, afirma.

Para Maruri, la discusión pública se ha reducido a bandos irreconciliables —correístas y anticorreístas— sin analizar las causas de fondo. “Seguimos siendo uno de los países más peligrosos del mundo”, señala.

“No se saca nada”

María Vega, una comerciante quiteña, resume el sentimiento ciudadano con una frase directa: “No tenemos ningún beneficio. Las cosas siguen iguales”.

Para ella, el cruce permanente de acusaciones no genera cambios reales. “Se apedrean el uno al otro, pero no se saca nada. Si realmente se sacara algo, el pueblo ya se hubiera levantado”, afirma.

Vega cuestiona que los señalamientos aparezcan de forma fragmentada y tardía, y no como parte de un proceso claro y transparente.

El ciudadano, otra vez al margen

Las tres miradas coinciden en un punto: mientras la política se consume en el enfrentamiento, los problemas estructurales —inseguridad, empleo, salud— siguen sin resolverse. El caso Caja Chica, lejos de fortalecer la confianza institucional, refuerza la sensación de que el debate ocurre entre élites, sin impacto tangible en la vida diaria.

Para Espinel, el riesgo es que el país se quede atrapado en el escándalo y postergue una discusión de fondo sobre cómo reformar el sistema de control del financiamiento político, mientras el ciudadano vuelve a quedar, una vez más, al margen.

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