El asambleísta Blasco Luna, de la bancada de la Revolución Ciudadana, aseguró que la deuda que la familia Noboa mantiene con el Servicio de Rentas Internas (SRI) fue reducida de manera injusta. Según explicó, un fallo de inconstitucionalidad permitió disminuir el monto original, que oscilaba entre 92 y 95 millones de dólares, hasta quedar en apenas 6 millones para la Exportadora Noboa, lo que representa una considerable diferencia que genera cuestionamientos sobre equidad tributaria.

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El legislador indicó que la diferencia entre la deuda inicial y la reducida representa un trato desigual frente a ciudadanos comunes, quienes no cuentan con mecanismos de amnistía o perdón de intereses. “Con un instrumento y fundamento en la declaratoria de inconstitucionalidad llevaremos adelante este proceso de fiscalización”, aseguró Luna, al tiempo que destacó que se busca restablecer la deuda real.

Fiscalización y equidad tributaria 

Blasco Luna cuestionó que solo ciertos sectores con poder económico se vean beneficiados por decisiones que alteran la obligación tributaria. “Al ciudadano común que tiene una deuda con el SRI no le perdonan los intereses; pero ellos sí lo hicieron”, enfatizó. Para el asambleísta, este tipo de medidas contradice los principios de equidad tributaria y genera descontento entre la población que cumple con sus obligaciones fiscales.

El legislador sostuvo que la fiscalización pretende garantizar el cumplimiento de la ley, sin privilegios para nadie. “Este es el Ecuador de todas y de todos y usted tiene que empezar a respetar la ley”, afirmó, remarcando que la Asamblea Nacional tiene la responsabilidad de supervisar y fiscalizar las acciones de los entes estatales. Además, subrayó que la transparencia en los procesos tributarios es fundamental para fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones.

Declaratoria de inconstitucionalidad respalda fiscalización

La iniciativa de Blasco Luna se basa en los fallos emitidos por la Corte Constitucional, que declaró inconstitucionales tanto la Ley de Integridad Pública como la Ley de Solidaridad Nacional. Estas sentencias constituyen el marco legal que respalda la exigencia de que se revise la deuda y se establezca el monto correcto.

“Estas sentencias nos dan el instrumento necesario para exigir que se respete la ley y se ubique la deuda real de la familia Noboa”, aseguró el asambleísta. 

Además, recordó que la Corte ha emitido dictámenes sobre propuestas de consulta popular y reformas constitucionales enviadas por la Presidencia, lo que refuerza la autoridad del legislador para solicitar información y comparecencias del SRI ante la Asamblea.

Luna concluyó que la fiscalización es un paso necesario para que no se repitan privilegios en el sistema tributario y para demostrar que la ley se aplica por igual a todos los ciudadanos, independientemente de su posición económica o política.

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