La abogada Sonia Vera García, defensora del exvicepresidente de la República, Jorge Glas, denunció este lunes un presunto acto de desacato y humillación institucional cometido por el presidente Daniel Noboa, luego de la difusión de imágenes del exfuncionario en reclusión y del anuncio de su traslado penitenciario sin aviso previo a su equipo jurídico.

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Según el pronunciamiento de la jurista, la publicación de las fotografías de Glas en la cuenta del Presidente Noboa en la red social X, acompañadas de expresiones que Vera califica de burla, constituye una violación directa a las medidas provisionales vigentes ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el pasado 17 de octubre de 2025, en el marco del caso Glas Espinel vs. Ecuador.

La abogada se refiere a la publicación de dos fotografías de Glas siendo ingresado en la nueva cárcel El Encuentro, junto con el mensaje “bienvenido al nuevo hogar. Pronto llegarán otros criminales”.

¿Cuáles fueron las medidas previsionales dictadas por la CIDH a favor de Jorge Glas?

El jurista advirtió que la decisión de trasladar al exvicepresidente sin notificación a su defensa, sin informe médico y sin la intervención de la mesa técnica ordenada por el sistema interamericano “configura una transgresión grave y dolosa de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y de los estándares internacionales sobre medidas provisionales”.

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Sobre las medidas provisionales dictadas por la CIDH, este organismo le exigió a Ecuador "asegurar los derechos a la salud, integridad personal y vida" de Glas y también que este "tenga acceso a visitas familiares y de sus representantes, así como de sus médicos tratantes y de confianza”, detalla la resolución.

“Lo ocurrido no es un exceso comunicacional, sino un acto de Estado que desacata una decisión jurisdiccional internacional, compromete la responsabilidad del Ecuador y pone en riesgo real, actual y grave la vida e integridad del beneficiario (Glas)”, señaló el abogado.

La abogada agregó que, en el contexto de una nueva masacre penitenciaria y de un proceso electoral en curso, la exposición pública del exmandatario representa “un uso político del sistema carcelario” y una “manifestación de tortura psicológica institucionalizada, prohibida de forma absoluta por el derecho internacional”.

Hasta el cierre de esta nota periodística, ni el Gobierno ni el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y  Adolescentes Infractores (SNAI), administrador carcelario a nivel nacional, han emitido un pronunciamiento oficial sobre esta denuncia.

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