La justicia federal de Estados Unidos dictó una pena de tres años y cuatro meses de prisión contra John Pólit Estévez, hijo del excontralor ecuatoriano Carlos Pólit, tras hallarlo culpable en un proceso vinculado al esquema de sobornos de Odebrecht. La decisión fue anunciada este miércoles 19 de noviembre de 2025 por la jueza Kathleen M. Williams, de la Corte del Distrito Sur de Florida.

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El caso incluyó cargos por conspirar para lavar activos, lavado de dinero y transacciones con bienes provenientes de actividades ilícitas, todos relacionados con presuntos pagos irregulares recibidos en el marco del entramado de corrupción de la constructora brasileña.

Multa, medidas especiales y entrega voluntaria

Según información publicada por el medio Primicias, además de la pena privativa de libertad, la jueza impuso a Pólit Estévez una multa obligatoria de 100 dólares. El documento oficial con las condiciones especiales que debe cumplir, derivado del informe de investigación previa a la sentencia, aún no se hace público.

Aunque ya existe condena, el joven no fue detenido inmediatamente. El tribunal dispuso que debe entregarse de manera voluntaria el próximo 7 de enero de 2026, antes del mediodía. Hasta entonces permanecerá en libertad bajo fianza.

Adicionalmente, tras cumplir su condena en prisión, deberá someterse a tres años de libertad supervisada, conforme lo estableció la jueza Williams.

Defensa buscaba reducir la pena

Antes de conocerse el fallo, la defensa de Pólit había solicitado una reducción considerable de la pena. El pasado 11 de noviembre de este año, tras declararse culpable, su equipo legal pidió que la sentencia no superara los 28 meses de cárcel, un tiempo inferior al que recomiendan las guías federales de EE. UU. Sin embargo, el tribunal no acogió esa petición.

Tanto John como su padre, el excontralor Carlos Pólit, mantienen antecedentes judiciales en Ecuador. En junio de 2018, un tribunal ecuatoriano condenó al exfuncionario a seis años de prisión por concusión. En esa misma causa, John Pólit recibió una sentencia de tres años como cómplice. El fallo además ordenó el pago de una reparación integral de USD 40,4 millones al Estado ecuatoriano.

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