Ministro Reimberg aclara: “Segura EP no está secuestrada, “es por Guayaquil”

El ministro del Interior, John Reimberg, descartó este 20 de febrero de 2026 que exista un “secuestro” de la empresa municipal Segura EP y defendió la intervención del Gobierno como parte de una estrategia para reforzar la seguridad en Guayaquil con apoyo de la Policía Nacional.

El pronunciamiento se dio durante un recorrido por estaciones operativas en distintos sectores de la ciudad, en medio de cuestionamientos políticos y municipales tras la decisión del Ejecutivo de integrar recursos tecnológicos y logísticos de la entidad local al sistema nacional de seguridad.

“Aquí nada está secuestrado; estamos haciendo lo necesario por Guayaquil. Ese es el mensaje claro que deben recibir los ciudadanos”, afirmó el ministro.

Según Reimberg, la medida no implica desplazar la estructura municipal, sino fortalecer la operatividad mediante coordinación directa entre agentes municipales y policías en puntos estratégicos.

Refuerzo policial y trabajo conjunto

Durante la jornada, autoridades del Ministerio del Interior y de Segura EP inspeccionaron estaciones de control ubicadas en zonas priorizadas para la prevención del delito.

El plan contempla que equipos municipales trabajen junto a la Policía Nacional para mejorar la capacidad de reacción frente a hechos violentos y reforzar la presencia institucional en territorio. De acuerdo con el esquema operativo, dos policías acompañarán de forma permanente a los agentes municipales en estas estaciones.

El Gobierno sostiene que el objetivo es optimizar recursos existentes —como camionetas de patrullaje, cámaras y sistemas de monitoreo— para ampliar la cobertura de vigilancia en más sectores de la ciudad.

Debate político y críticas municipales

El allanamiento a Segura EP, ejecutado el 15 de febrero en su sede de la ciudadela Martha de Roldós, generó cuestionamientos durante la sesión del Concejo Cantonal de Guayaquil, presidida por la vicealcaldesa en funciones de alcaldesa subrogante, Tatiana Coronel.

Varios ediles manifestaron preocupación por el alcance del control estatal sobre la empresa municipal y por un eventual impacto en la autonomía administrativa del cabildo.

Desde el Municipio se indicó que el personal de Segura EP continúa en funciones y que el gerente se mantiene en su cargo, por lo que —según esa postura— se trataría de un esquema de cooperación operativa y no de reemplazo institucional. No obstante, también se cuestionó que el procedimiento se haya ejecutado sin un proceso administrativo previo claro.

Cuestionamientos de concejales

La concejala Emily Vera criticó la intervención y la vinculó con la reforma al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad), aprobada en segundo debate. A su criterio, los cambios debilitarían la autonomía municipal y pondrían en riesgo programas sociales financiados por el cabildo.

Según Vera, la reforma podría implicar una reducción cercana a 80 millones de dólares en la asignación presupuestaria para Guayaquil, lo que afectaría principalmente el eje social.

Por su parte, el concejal Arturo Escala cuestionó el uso de camionetas de Segura EP por parte de la Policía en operativos y criticó la gestión gubernamental en materia de seguridad, aunque señaló que el empleo de esos recursos sería positivo si se traduce en resultados concretos contra la delincuencia.

Infraestructura y recursos en el centro del debate

La intervención estatal también generó inquietud entre concejales por el manejo de la infraestructura tecnológica de Segura EP, especialmente cámaras de vigilancia y centros de monitoreo financiados con recursos municipales.

Autoridades locales recordaron que varias Estaciones de Acción Segura fueron construidas con participación comunitaria para enfrentar la inseguridad barrial, por lo que pidieron claridad sobre el alcance real de la intervención y el destino de los equipos.

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