El exasambleísta del partido Socialcristiano, Pablo Muentes, fue condenado en el caso Purga por delitos de delincuencia organizada. Este caso surgió como una continuación de la investigación Metástasis, liderada por la Fiscalía General del Estado. El 4 de marzo de 2024, la Policía Nacional y la Fiscalía realizaron varios allanamientos en la provincia de Guayas, incluyendo uno en la Isla Mocolí, donde fue arrestado Muentes junto a su esposa.

La investigación destapó una presunta red de delincuencia organizada que incluía a exintegrantes de la Corte Provincial del Guayas, jueces y funcionarios judiciales. Según la entonces fiscal general, Diana Salazar, el objetivo era desmantelar un esquema de corrupción que operaba en las altas esferas del sistema judicial.

Muentes fue sentenciado este año y se encontraba cumpliendo su condena en el Centro de Privación de Libertad de Varones No. 3 La Roca. El 10 de noviembre, fue trasladado a la nueva Cárcel del Encuentro. El 11 de noviembre de 2025, el presidente Daniel Noboa compartió en sus redes sociales imágenes de reos trasladados, donde se incluía a Muentes.

¿Quién es Pablo Muentes?

En su trayectoria pública, Muentes trabajó durante ocho años, primero como coordinador ejecutivo de participación ciudadana en el Municipio de Guayaquil hasta 2020 y luego como asambleísta provincial hasta 2022. 

Su carrera estuvo marcada por controversias judiciales, que incluyeron una demanda contra el periodista Guillermo Lizarzaburo, resultando en una condena de dos años de prisión para el comunicador y una multa de 80.000 dólares.

En 2021, su familia fundó la empresa Agrocamarón, donde Muentes fue contratado como asesor administrativo y jurídico, recibiendo un salario mensual de 15.000 dólares, en un período coincidente con su labor legislativa.

Así fue salpicado Pablo Muentes al caso Purga

El testimonio de Mayra Salazar, exdirectora de Comunicación de la Corte Provincial del Guayas, fue crucial para el caso Purga. Salazar declaró que recibía pagos en efectivo de 2.500 dólares mensuales en casa de Muentes a cambio de favorecer la imagen de la presidenta de la Corte, Fabiola Gallardo. Los chats presentados en la audiencia mostraron que Muentes daba instrucciones a Salazar para generar campañas de apoyo a ciertas figuras judiciales.

El tribunal determinó que Muentes, Gallardo y el juez Johan Marfetán formaron un grupo estructurado de delincuencia organizada, involucrando delitos como peculado, cohecho y prevaricato.

Tras su detención en marzo de 2024, Muentes fue sentenciado a 13 años y cuatro meses de prisión, con un traslado a la nueva Cárcel del Encuentro el 10 de noviembre de 2025. Además, se le impuso una multa de 40 salarios básicos unificados (18.800 dólares), la inhabilitación para participar en funciones públicas por 20 años y la obligación de realizar reparaciones integrales a diversas entidades, incluyendo el Banco del Pacífico.

El 11 de noviembre de 2025, el presidente Noboa publicó imágenes de los reclusos trasladados, destacando a Muentes junto a criminales de alta peligrosidad. Este gesto se interpretó como un mensaje político sobre el compromiso del Gobierno en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado.

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