Paola Pabón alerta que la reforma al COOTAD busca someter a los gobiernos locales

Tras meses de silencio, luego de que se difundieron las diferencias en la Revolución Ciudadana, Paola Pabón, prefecta de Pichincha, ha vuelto a buscar a la prensa. Defiende el presupuesto de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), ante el proyecto económico urgente del Ejecutivo para reformar el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad), que trabajó su mesa, cuando era legisladora, en 2010.

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- ¿Por qué usted sostiene que el proyecto es inconstitucional y va en contra de la autonomía de los GAD?

-  Empiezo por el artículo 238, que garantiza la autonomía política y financiera de las juntas parroquiales, municipios y prefecturas. Al imponer una norma rígida, se viola la autonomía financiera y administrativa de los gobiernos subnacionales. Además, el (artículo) 271 establece que las rentas deben ser predecibles, directas y oportunas.

- ¿Qué cambiaría?

- Tendríamos una norma rígida en la que permanentemente el Ministerio de Finanzas evaluaría a los GAD. Por lo que estaríamos perdiendo esas características, lo que es muy grave para la planificación. En Montecristi y con el Cootad buscamos que se pueda conocer sin discrecionalidad y sin manipulación cuál es la renta que recibe un gobierno subnacional al mes. Me refiero al Modelo de Equidad Territorial. Si bien esta norma ha sido manipulada por los gobiernos de turno, hay más riesgo en que hoy se intente plasmarlo en la ley.

- ¿Por qué dice que ya ha sido manipulada?

- Porque el Gobierno Nacional tiene una deuda de $1.500 millones con los GAD. Es deuda acumulada en los tres últimos gobiernos. Estoy en la Prefectura de Pichincha desde el 2019, pasé los gobiernos de Moreno, Lasso y Noboa.

- Le he oído decir que buscan “licuar la deuda”, ¿pero además hay dedicatoria, buscan controlar a los GAD?

- Veo varias pretensiones y ninguna responde al mensaje que han tratado de instaurar: la eficiencia. Suena bien que haya más en inversión y menos en gasto corriente, pero lo que buscan es licuar una deuda total entre juntas parroquiales, municipios y prefecturas. Son $1.500 millones y con esta reforma hemos calculado, con información desde 2012 al 2024, que la reducción sería de $1.000 millones anuales para todos.

- ¿Y las otras pretensiones?

- El segundo interés oculto tiene que ver con la manipulación política, para gobiernos subnacionales que no responden a intereses del Ejecutivo. Eso se buscó cambiar en Montecristi y con el Cootad. Volveríamos a esta forma de relación subordinada. Se buscó que las rentas sean permanentes, predecibles y sin intermediación, para que no haya subordinación hacia el Gobierno Nacional.

- ¿La política de distribución sería premio o castigo?

- No nos queda claro cómo sería el castigo y si afectaría a todo el grupo. Si uno incumple con la norma, no sabemos si afectará los ingresos permanentes o no permanentes. La fórmula se alimenta del presupuesto A, que se puso como piso en la Constitución del 2008, y el B, que crece según se mueve el Presupuesto General del Estado. La tercera pretensión, la más peligrosa, es que el presidente Noboa ha desinstitucionalizado al Estado. El Gobierno central se repliega ante competencias que dan calidad de vida; no funciona el sistema de salud, hay crisis en educación y en la seguridad social. Y hoy pretenden minarnos.

- A las prefectas de Cotopaxi y Esmeraldas les inquieta que la construcción de una unidad de salud o carretera iría al presupuesto de inversión, pero no el pago a médicos y obreros.

- El proyecto excluye del gasto de inversión los clasificadores presupuestarios gasto 71 y 73. Para que haya obra pública, inversión en una carretera, deben elaborarse estudios, y eso ya no se considera un gasto de inversión. Para construir la Ruta de los Volcanes, la Prefectura invirtió $9 millones. Ahora será gasto corriente, igual que el pago por la mano de obra.

- ¿Su postura es de opositora?

- Les pedí calcular a los GAD, con sus financieros, lo que quedaría por fuera de la inversión, si creen que es una postura política. Por eso los pronunciamientos de Conagopare Loja, Pichincha, Chimborazo, del alcalde de Cuenca, de las prefectas de Guayas y de Cotopaxi. Ya hay un bloque de gobiernos seccionales que se oponen.

- ¿Cómo evalúa al Gobierno?

- Últimamente el país se encuentra paralizado en todos los sentidos. Hay una crisis económica que siente y en temas de seguridad no se ha logrado la meta de disminuir las muertes violentas, que planteó el presidente en su segunda campaña. Hay una multicrisis. Quisiéramos ver al Gobierno en las ciudades más violentas inaugurando obras; no en el exterior. No se invierte en obras y eso ralentiza la economía. Si se nos impide construirla a nosotros, eso impactará en el empleo.

- ¿Cómo vería el archivo del juicio político contra Mario Godoy, presidente de la Judicatura?

- Es muy grave lo que pasa. Mi mayor preocupación respecto al avance del crimen va más allá del número de muertes violentas. Es cómo las economías ilícitas y el crimen empiezan a penetrar la institucionalidad. Existen demasiadas evidencias de cómo el sistema de justicia no garantiza derechos de la ciudadanía, protege al crimen y lastimosamente es un instrumento para la manipulación política. El ‘lawfare’ sigue siendo elemento para perseguir a contradictores y no le hace bien al país ni al sistema democrático.

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