Revolución Ciudadana: ¿Qué actividades quedan prohibidas tras su sanción?
La sanción del TCE frena la participación de la lista 5 en los próximos comicios. Sus cuadros deberán desafiliarse si buscan otras tiendas políticas
Simpatizantes de RC en su convención nacional en Manta, el 18 de enero.
La Revolución Ciudadana (RC) enfrenta una suspensión de nueve meses impuesta por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) el pasado 6 de marzo de 2026.
La medida surge en el contexto de la investigación del caso Caja Chica, que analiza un presunto lavado de activos relacionado con el financiamiento de la campaña presidencial de 2023.
Esta sanción le impide participar en las elecciones seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) de febrero de 2027.
Las prohibiciones de la sanción
La decisión del juez Joaquín Viteri paraliza temporalmente los derechos de la organización en el registro del Consejo Nacional Electoral (CNE).
Esto implica que la agrupación queda marginada de la organización electoral oficial que inicia el próximo 14 de abril.
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Durante este periodo, la directiva no podrá conformar alianzas formales ni promover a sus adherentes bajo la representatividad de la lista 5. Esta situación obliga a los aspirantes a dignidades a buscar vías alternas para intervenir en los comicios.
De hecho, los cuadros del movimiento tienen la obligación de desafiliarse de la agrupación con al menos 90 días de anticipación a la inscripción de candidaturas si desean participar por otro partido político.
Salidas técnicas y situación de la directiva
Una alternativa legal permite que la cúpula emita una autorización expresa para que sus afiliados corran por otras tiendas. Este trámite depende de la nueva directiva reconocida por el CNE el pasado 11 de marzo, presidida por Gabriela Rivadeneira.
La directiva encabezada por Gabriela Rivadeneira fue reconocida por el TCE el 11 de marzo.
Cabe recordar que el TCE desestimó recientemente un recurso de nulidad al considerar que Luisa González carecía de legitimación como representante legal.
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La suspensión es de carácter revisable y su duración está atada a la evolución de la instrucción fiscal. El tribunal determinó que la prohibición podría levantarse antes del plazo si el Ministerio Público retira la solicitud o si la investigación se archiva. Mientras tanto, la Fiscalía debe presentar informes de actualización procesal cada 30 días.