Un ciudadano colombiano, de nombre James, fue expulsado de Ecuador este miércoles, 18 de junio de 2025, luego de cumplir una condena de siete años de prisión por su participación en el atentado con un carro bomba ocurrido en 2018 en la ciudad fronteriza de San Lorenzo, provincia de Esmeraldas. La acción, que dejó 28 personas con heridas leves, fue atribuida a grupos disidentes de la antigua guerrilla de las FARC y marcó un punto de inflexión en la seguridad nacional ecuatoriana.

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La expulsión del individuo se llevó a cabo tras una orden del Tribunal de Garantías Penales de Esmeraldas, en cumplimiento de una sentencia por el delito de delincuencia organizada. Según informó el Ministerio del Interior, el hombre fue puesto a disposición de las autoridades colombianas en el Puente Internacional de Rumichaca, principal paso fronterizo entre ambos países. Además, se le impuso la prohibición de ingresar a Ecuador durante una década.

¿Qué ocurrió en San Lorenzo en 2018 y por qué fue clave para la seguridad de Ecuador?

El 27 de enero de 2018, un vehículo cargado con explosivos fue detonado en las instalaciones de la Unidad de Policía Comunitaria (UPC) en San Lorenzo. El estallido, aunque no causó víctimas fatales, dejó más de una veintena de personas heridas, daños materiales significativos y generó un clima de tensión en la frontera con Colombia.

El entonces presidente Lenín Moreno declaró el estado de excepción en la zona y responsabilizó a disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), quienes operaban en la región tras el proceso de paz colombiano. Según la administración de Moreno, el ataque fue parte de una escalada de violencia vinculada al narcotráfico y la minería ilegal.

El Ministerio del Interior identificó a James como el "causante del atentado de un carro bomba", por lo que fue condenado a siete años en la cárcel de Latacunga, en la provincia de Cotopaxi.

¿Cuál es el vínculo con el asesinato del equipo periodístico de El Comercio?

La violencia en la frontera norte se intensificó en los meses posteriores al atentado en San Lorenzo. En ese contexto, un equipo del diario El Comercio —compuesto por el periodista Javier Ortega, el fotógrafo Paúl Rivas y el conductor Efraín Segarra— se trasladó a la zona para investigar la situación.

Fueron secuestrados el 26 de marzo de 2018 y, semanas después, el 13 de abril, el presidente Moreno confirmó su asesinato. El crimen fue atribuido al Frente Oliver Sinisterra, una disidencia de las FARC liderada en ese momento por Walter Patricio Arizala, alias Guacho, quien fue abatido meses después por fuerzas de seguridad colombianas.

Este hecho conmocionó al país y visibilizó el poder y expansión de estos grupos armados en el territorio ecuatoriano.

Disidencias siguen activas en territorio ecuatoriano

A pesar de las operaciones de seguridad y las capturas puntuales, las disidencias de las FARC continúan presentes en el norte de Ecuador. En 2024, por ejemplo, fue detenido en Ibarra Carlos Arturo Landázuri, alias Comandante Gringo, señalado como parte del mismo grupo disidente. Además, otro integrante fue condenado por delitos relacionados con narcotráfico.

Una de las zonas más afectadas actualmente es el sector de Alto Punino, en la Amazonía, donde convergen las provincias de Napo y Orellana. En los últimos años, allí han proliferado campamentos de minería ilegal de oro, lo que ha atraído a grupos armados.

El pasado 9 de mayo, once militares ecuatorianos fueron emboscados y asesinados en ese sector. Aunque las primeras hipótesis apuntan a los Comandos de la Frontera, otra facción disidente de las FARC, este grupo ha negado su participación en el ataque.

Un conflicto transfronterizo persistente

El caso de James es solo una muestra de la compleja realidad de seguridad en la zona fronteriza entre Ecuador y Colombia, donde confluyen actores ilegales asociados al narcotráfico, la minería ilegal y las disidencias armadas. Las autoridades ecuatorianas han reforzado el control militar en estas regiones, pero la persistencia de los ataques y las redes criminales evidencia los desafíos aún pendientes.

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