Una semana después de difundido un presunto delito cometido por un sacerdote en la comuna de Olón, provincia de Santa Elena, hay calma. Y mientras se resuelve la situación, las misas y actividades religiosas serán asumidas temporalmente por el sacerdote de la parroquia San Ignacio de Loyola, en Manglaralto.

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En la parroquia Jesús de la Divina Misericordia, donde agentes policiales hicieron una inspección, aún no tienen otro sacerdote designado, según confirmó el vicario general de la Diócesis de Santa Elena, Juan de Jesús Martín, luego de que suspendieron de sus actividades pastorales al religioso investigado.

“Se esperará el resultado de las investigaciones”, manifestó el vicario Martín, quien señaló que tanto la Fiscalía como la Policía llevan adelante las indagaciones, mientras que la Iglesia realiza un proceso paralelo. “Respetaremos el informe final de las autoridades”, reiteró.

El vicario también hizo un llamado a la comunidad para que denuncie cualquier tipo de abuso. “Estamos abiertos a recibir cualquier denuncia referente a este y otros casos. Que la gente no calle. Que acuda a las oficinas de la Diócesis, pues esto es muy grave y no basta con publicarlo en redes sociales”, enfatizó el religioso

La investigación se debe a la difusión de que el sacerdote fue visto la noche del viernes 15 de agosto de 2025 en su departamento, contiguo a la iglesia, con dos adolescentes que, supuestamente, estaban en ropa interior. El sacerdote y los padres de dichos menores de edad lo han negado todo. 

Once casos conocen en Fiscalía

Alejandro Baño, director de Derechos Humanos y Participación Ciudadana de la Fiscalía General del Estado (FGE), compareció el miércoles ante la Comisión de la Niñez de la Asamblea Nacional e informó que en torno al caso del sacerdote de Olón, se inició una investigación de oficio tras el monitoreo de publicaciones en redes sociales, y no mediante un proceso de flagrancia.

Posteriormente se recibió la denuncia formal de Naomi Arias, teniente política de Manglaralto, la cual se sumó al expediente.

La Fiscalía reveló que, a escala nacional, se investigan once casos de presunta violencia sexual que involucran a religiosos.

Según el funcionario, en los sistemas de la entidad no existe una herramienta estadística que permita discriminar con precisión las denuncias. El Ministerio Público solo puede confirmar los procesos que sus equipos han identificado, caso por caso.

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