El anuncio del Gobierno Nacional de eliminar el subsidio al diésel puso en alerta a transportistas de Quito, que advierten un fuerte incremento en sus gastos operativos. Sin embargo, el alcalde Pabel Muñoz cerró la puerta a un ajuste en el pasaje.

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“Quito no está abierto a subir tarifas de transporte”, afirmó este martes 16 de septiembre, al recordar que la medida responde a acuerdos del Ejecutivo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). 

“Es el Gobierno Central quien debe asumir los efectos de esta decisión”, recalcó.

El subsidio como política social

Muñoz defendió que el subsidio al diésel debe considerarse una política social y no únicamente un gasto fiscal. Según explicó, los sectores de transporte y alimentos representan hasta el 65 % del presupuesto de los hogares, por lo que retirar el beneficio sin medidas compensatorias afecta directamente a las familias de menos recursos.

El alcalde insistió en que, si se plantea una eliminación, esta debe ser “teledirigida” hacia quienes usan el combustible con fines ilícitos o para economías ilegales, y no hacia la ciudadanía que depende de los buses y de precios justos en los alimentos.

Avances hacia la movilidad eléctrica

En medio de este debate, Muñoz destacó que Quito ya avanza hacia la electromovilidad, con el Metro y los 60 nuevos trolebuses eléctricos que permiten reducir la dependencia de combustibles fósiles. No obstante, recordó que la mayoría de la flota de transporte urbano aún utiliza diésel, por lo que el impacto de la medida será inmediato.

“El futuro está en sistemas de transporte limpios y sostenibles, pero el presente requiere políticas sociales claras”, puntualizó.

El pulso con el Gobierno Nacional

Mientras los gremios de transportistas presionan por ajustes en el pasaje, el Municipio mantiene firme su postura: la tarifa de 0,35 centavos en Quito no subirá. El alcalde recalcó que cualquier incremento deberá ser analizado y respondido desde el Gobierno Nacional, que fue quien eliminó el subsidio al diésel.

Por ahora, el pulso está en quién absorberá el impacto económico: si el Estado, con transferencias y apoyos a los transportistas, o los usuarios, que podrían enfrentar alzas indirectas en los alimentos y servicios.

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