Las fallas policiales y forenses que casi dejan impune la muerte de Gabriela Cárdenas, en Quito
Familiares de la víctima se percataron a tiempo que se trataba de un femicidio y aseguran que las autoridades han sido negligentes en el caso.
Romelia Castelo levantó un pequeño altar en honor a su hija.
Los restos de Gabriela Cárdenas fueron velados cuatro días después de su muerte, porque su madre quería que en su funeral estuvieran sus hermanos que llegaban desde España.
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Ese tiempo fue fundamental para que la familia de la víctima se percatara que su deceso no fue un suicidio, sino una muerte violenta que derivó en una investigación por femicidio por parte de la Fiscalía.
Gabriela cayó del tercer piso del departamento en el que vivía, en el sector de Alma Lojana, oriente de Quito, el 4 de marzo del 2024.
En este lugar fue donde cayó el cuerpo de la víctima.
La mujer, de 36 años, habría estado en compañía de su pareja y tres compañeros de trabajo, con quienes habían bebido licor por varias horas. El novio de Gabriela dijo en su versión que ella se habría lanzado desde el balcón.
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Sin embargo, antes de que iniciaran el funeral para despedirla, su madre Romelia Castelo, decidió vestirla con un traje que lo compró para otra de sus hijas. Fue entonces que se dieron cuenta de las marcas de violencia que ella tenía.
Investigación del caso
Romelia colocó la denuncia por el delito de femicidio y, desde entonces, la familia se enteró de que, al parecer, hubo mal procedimiento policial al momento de levantar el parte. Además, el médico legista que practicó la autopsia no habría detectado los golpes que tenía la víctima.
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Por si fuera poco, se enteraron por versión de algunos testigos que la pareja de Gabriela habría tratado de adulterar la escena donde ocurrió la tragedia, al mover algunos elementos que servirían como prueba durante la indagación.
Romelia junto a su otra hija piden justicia por la muerte de Gabriela Cárdenas.
Romelia confiesa que luchar por el caso de su hija ha significado “enfrentarse a una justicia inmóvil y sin sentimientos”. Según ella, peritos y fiscales no han sido diligentes con la investigación y se les habrían pasado por alto datos y evidencias sustanciales.
Falta de apoyo
La abogada penalista Lissette Pardo Jijón considera que la presión de los familiares suele ser necesaria, para que continúen las acciones pertinentes en casos de femicidio.
En este caso en particular, la jurista explica que el proceso hubiera quedado como suicidio si es que los parientes de Gabriela no se hubieran percatado de la serie de inconsistencias.
Lissette presume que, como se dieron los hechos, el médico legista no levantó correctamente el informe de la primera autopsia, “sino que de facto consideró que era suicidio porque el cuerpo había caído”. Incluso, la abogada se cuestiona si es que verdaderamente se hizo la necropsia.
La madre de la víctima pide justicia por el caso.
A Estefanía Díaz, hermana de la víctima, también se le hizo raro cuando este documento les entregaron a menos de dos horas de que ingresaran el cadáver de su pariente al departamento de Medicina Legal.
Se requieren cambios
Por otra parte, Lissette refiere que en este caso existe, al parecer, una falta de atención y posible negligencia al no seguir los protocolos de investigación en delitos de femicidio lo que pudo ayudar a que el sospechoso desapareciera del mapa.
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La experta asegura que estos casos pueden terminar en la impunidad si es que el sistema judicial no los atiende desde la perspectiva de género y, lo que es peor para ella, que la misma familia presione o investigue por su cuenta.