El Municipio de Quito ya cuenta con un proyecto de ordenanza que permitirá trasladar el cobro de la tasa de recolección de basura de la planilla de energía eléctrica a la del agua potable. Esta medida se plantea después de que la Empresa Eléctrica Quito (EEQ) comunicara que no puede mantener el mecanismo actual de cobro por restricciones legales.

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La EEQ explicó que su decisión se basa en normas del sector eléctrico que impiden incorporar cobros que no estén relacionados con el suministro de energía en las tarifas eléctricas. Asimismo, aclaró que su resolución cumple de manera estricta con la normativa vigente y con las disposiciones del Ministerio de Ambiente y Energía y de la Agencia de Regulación y Control de Electricidad.

Ante la imposibilidad de continuar con el mecanismo actual, el Municipio cubrirá temporalmente el costo del servicio, cercano a 6 millones de dólares por mes, hasta que la ordenanza defina oficialmente el nuevo sistema de facturación.

“Fue una decisión arbitraria. Tenemos un convenio con la EEQ hasta diciembre de 2025 y deberían prestarnos ese servicio”, expresó Pabel Muñoz el 28 de octubre de 2025, añadiendo críticas por la falta de apoyo del Gobierno Nacional hacia los gobiernos locales.

Nuevo esquema de cobro en la planilla de agua

El Cabildo planea presentar el 30 de octubre un proyecto de ordenanza para trasladar el cobro de la tasa de basura a la planilla de agua potable, incorporando un esquema diferenciado según el nivel socioeconómico de los usuarios.

“Los sectores de menor capacidad económica pagarán lo mismo o incluso menos de lo que abonaban en la planilla de luz. Por otro lado, comercios, industrias y usuarios de mayores ingresos asumirán un aumento proporcional a su capacidad económica”, explicó el alcalde Muñoz.

El objetivo de la medida es mantener la equidad en la contribución ciudadana y proteger a los hogares más vulnerables. No obstante, el cambio implicará una reducción en el número de abonados: mientras la EEQ contaba con 1,2 millones de suministros, la Empresa de Agua Potable registra poco más de 700.000, lo que representa una pérdida cercana a 500.000 usuarios.

Impacto financiero y reclamos al Gobierno

El alcalde explicó que el cambio temporal del cobro supone un golpe a las finanzas municipales, ya que será necesario utilizar recursos del presupuesto corriente para cubrir el servicio durante los últimos dos meses del año. También recordó que el Gobierno Nacional adeuda 141 millones de dólares a Quito, lo que incrementa la presión financiera sobre el Municipio.

“Vamos a continuar en lo jurídico, aunque somos conscientes de que hay pocas posibilidades. Es una cuestión de justicia. Estamos listos para enviar la ordenanza y garantizar que el servicio continúe sin interrupciones”, enfatizó Pabel Muñoz, reafirmando el compromiso del Municipio con la continuidad del servicio y la protección de los ciudadanos.

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