Leonardo Daniel Arreaga González, comunero de San Miguel del Común, no fue enviado a prisión preventiva tras la audiencia de flagrancia realizada en Quito, la tarde este lunes 20 de octubre. 

El juez de garantías penales resolvió imponerle medidas cautelares alternativas, que restringen su movilidad y sus recursos económicos mientras dure la investigación.

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La decisión judicial incluye:

• Prohibición de salir del país, con notificación a la Dirección Nacional de Migración.
• Presentación obligatoria ante la Fiscalía tres veces por semana (lunes, miércoles y viernes), a partir del 22 de octubre de 2025.
• Retención de cuentas bancarias y prohibición de enajenar bienes por un monto equivalente a dos salarios básicos unificados.

Estas medidas buscan asegurar que el procesado cumpla con las diligencias judiciales sin necesidad de una privación de libertad. La instrucción fiscal tendrá una duración de 30 días.

Así fue la detención

La tarde del 19 de octubre de 2025, un operativo policial se desplegó en la autopista E28B, a la altura de Santa Anita, en la parroquia Calderón, norte de Quito. Allí se mantenía un bloqueo como parte de las protestas en el marco del Paro Nacional 2025 que ya lleva 29 días.

Según el parte policial, un grupo de manifestantes habría lanzado artefactos incendiarios contra los uniformados. En ese contexto, Leonardo Arreaga fue identificado como uno de los presuntos agresores y detenido cuando intentaba ingresar a una vivienda de dos plantas.

La aprehensión generó denuncias de organizaciones de derechos humanos, que aseguran que el ingreso fue forzado y que el comunero fue golpeado delante de sus hijos.

Cargo penal por ataque y resistencia

La Fiscalía formuló cargos contra Arreaga por ataque y resistencia, delito tipificado en el artículo 283.1 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

Entre los elementos de convicción presentados constan:

• Partes policiales y ampliaciones.
• Acta de lectura de derechos constitucionales.
• Exámenes médicos legales que determinan tres días de incapacidad laboral.
• Informes técnicos y periciales.
• Un video presentado por la Fiscalía, cuya autenticación judicial quedó pendiente.

El juez calificó la flagrancia y dispuso que la causa se tramite por procedimiento ordinario, con un plazo de 30 días para la instrucción fiscal.

Proceso en desarrollo

La audiencia concluyó a las 14:30 y quedó grabada en el sistema judicial. El juez se inhibió de seguir conociendo el caso, por lo que será reasignado a otra unidad judicial.

La defensa técnica solicitó diligencias adicionales y el acceso a documentos procesales, mientras que Fiscalía deberá verificar el cumplimiento estricto de las medidas cautelares.

Este caso ocurre en medio de una de las jornadas más tensas de la movilización nacional, que ha mantenido cerrados varios tramos de la Panamericana Norte y otros ejes estratégicos en el país.

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